Bruselas ha abierto expediente a Hungría, Polonia y la República Checa, que se niegan a acoger a más solicitantes de asilo. Por ello, la Comisión Europea ha decidido iniciar procedimiento de infracción a estos países que no cumplen con el reparto de refugiados aprobado en septiembre de 2015 (la UE se comprometió a recibir 120.000 asilados procedentes de Grecia e Italia).
Hungría y Polonia no han acogido a ningún refugiado desde el pacto, y la República Checa, a 12. Según la UE, “en los últimos meses, la Comisión ha advertido repetidas veces a los estados miembros que aún no han reubicado a una sola persona o que no se comprometen a hacerlo”. La organización aclara en un comunicado que el inicio de los procedimientos de infracción se debe al incumplimiento de las obligaciones jurídicas por parte de estos países.
El comisario europeo de Migración, Dimitris Avramopoulos, ha asegurado que no solo se trata de un “compromiso moral”, sino de una “decisión legal, una obligación de acoger a los refugiados”. “La aplicación de las decisiones del Consejo sobre la deslocalización es una obligación jurídica, no una elección”, ha añadido. No obstante, de los 120.000 pactados, a 9 de junio de 2017, los estados miembros han recibido a 20.869 solicitantes. Asimismo, la Comisión recalca que en este año el número de ingresos de refugiados en Europa ha aumentado en 10.300 personas.
El proceso de infracción contra estos países no será inmediato. Bruselas enviará una carta oficial a cada miembro que no cumple con el pacto de reasentamiento y reubicación. En esta, la Comisión exigirá un informe que explique por qué no se aceptan refugiados. Los receptores tendrán dos meses para redactar la respuesta. Si esta no es satisfactoria, la UE enviará otra misiva e instará a los estados miembros a acatar sus obligaciones jurídicas. Si el país se niega, se llevará el caso al Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo y se impondrá una multa.
Roma no quiere a más refugiados
La región de Lacio, con capital en Roma, ha acogido en 2017 al 9% de los inmigrantes irregulares que han llegado a sus costas. Sin embargo, la alcaldesa de esta ciudad, Virginia Raggi, ha pedido al Gobierno italiano una prórroga que impida la llegada de más inmigrantes a la urbe. El objetivo de esta moratoria es evitar el aumento de las “tensiones sociales” en la capital, que está bajo una “fuerte presión migratoria”.
La regidora, del Movimiento 5 Estrellas (M5S), también ha anunciado que no se crearán más centros de inmigrantes en Roma. Raggi pretende impedir que “nadie se enriquezca con los más débiles”. Esto hace referencia a la trama de corrupción destapada hace tres años por la que empresarios se lucraban mediante la gestión de estos establecimientos. Asimismo, la alcaldesa ha explicado que “es hora de escuchar a los ciudadanos romanos”.