En una operación militar realizada por Estados Unidos, el 3 de enero de 2026, el dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa y mano derecha, Cilia Flores, fueron capturados por las fuerzas de seguridad del país. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la libertad de los venezolanos y señaló que iba a manejar el país a través de la vicepresidenta del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez, hasta la llegada de una transición democrática.
Días después de la detención de Nicolás Maduro, comenzaron las excarcelaciones de los presos. Aun así, hasta el 5 de marzo de 2026, según Foro Penal, sigue habiendo 526 presos políticos, 173 militares, 56 mujeres y un adolescente privados de libertad. Mirada 21 entrevista a una defensora de los derechos humanos en Venezuela, quien denuncia las condiciones en las que están los reclusos, las presiones y amenazas recibidas… pero que tiene la esperanza de que el cambio en Venezuela se materialice pronto. Por motivos de seguridad, no puede identificarse con su nombre.
¿Cómo describiría las condiciones actuales en las que están los presos políticos en Venezuela?
Son detenidos sin haber cometido algún delito, sin tener una orden de aprehensión y las condiciones son terribles, deplorables y lamentables . Son víctimas de tortura, de tratos crueles, inhumanos y degradantes; se les viola el debido proceso. No se les permite asignar un abogado de confianza, el Gobierno les obliga a aceptar un defensor público que, además, está amenazado por el régimen.
Se les niega la atención médica, hay 60 presos políticos con enfermedades gravísimas, incluyendo cáncer y tumores cerebrales. Ellos se han convertido en una ficha de negociación para el régimen, en los centros de detención hay un hacinamiento de un 170%, lo que dificulta aún más la condición de vida de ellos. Los presos son sometidos a desaparición forzada sumamente grave, son detenidos y luego desaparecidos. También ha habido denuncias de abuso sexual e incriminación.
¿Qué delitos suelen imputar a niños y adolescentes en casos relacionados con protestas o persecución política, y cómo son las condiciones en donde están recluidos?
Según el Foro Penal y ONG, ha habido más de 100 niños y adolescentes detenidos después de las protestas electorales. Han sido detenidos jóvenes de entre 14 y 17 años. Han sido imputados como terroristas; también los delitos de asociación para delinquir, obstrucción en la vía pública e incitación al odio. Inclusive incitación al odio se ha venido imputando a jóvenes que han puesto alguna información a favor de la oposición en las redes sociales. No se ha tenido ningún tipo de cuidado ni tampoco se ha cumplido la ley con respecto a los menores. Son condiciones precarias, peligrosas. Los centros de detención y los calabozos están sobresaturados, lo que trae como consecuencia que los detenidos deben turnarse para poder dormir. El Gobierno no los alimenta, porque hay escasez; los familiares tienen que llevarles la comida y, en muchos casos, la familia no tiene los recursos para ayudarlos. La infraestructura donde se encuentran es deficiente; no tienen servicio sanitarios y se ven obligados a hacer sus necesidades en potes plásticos o bolsas, por lo que la contaminación dentro es terrible. La libertad de expresión es un derecho humano establecido en nuestra Constitución y comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, defensora de derechos humanos.
“Son víctimas de tortura, de tratos crueles, inhumanos y degradantes; se les viola el debido proceso”
¿Cómo afectan las restricciones a la libertad de expresión y la falta de independencia de las instituciones judiciales al trabajo de los defensores de derechos humanos y al ejercicio de la abogacía en Venezuela?
La libertad de expresión es un derecho humano establecido en nuestra Constitución y comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas. Las restricciones a la libertad de expresión en Venezuela afectan el trabajo de los defensores de derechos humanos de manera grave y sistemática, impactando en nuestra capacidad de documentar, denunciar y operar en formas seguras y efectivas con respecto a las denuncias que nos llegan. El Estado ha utilizado leyes con definiciones amplias e indeterminadas para intimidar y procesar a los defensores de derechos humanos, imputándoles delitos graves como terrorismo, traición a la patria e incitación al odio. Hay un control digital significativo que restringe la capacidad para difundir hallazgos, además de estigmatización, intimidación y riesgo a la seguridad.
El discurso oficial contra los defensores de derechos humanos es muy hostil; funcionarios de alto nivel descalifican públicamente a los defensores y a las ONG, dicen que tenemos agendas ocultas, intereses extranjeros y que somos traidores a la patria; este mensaje va dirigido a intimidarnos para que no denunciemos. También somos vigilados y amenazados; las denuncias públicas a menudo resultan en amenazas, acoso, detenciones y violaciones de derechos humanos. Esta situación deteriora la capacidad operativa porque hay represalias a la seguridad personal que obliga a muchos defensores, por temor, a reducir el alcance e inclusive el tono de las denuncias.
Otra consecuencia es que a las ONG defensoras de derechos humanos les han restringido el financiamiento por severas restricciones a la recepción de fondos internacionales. Además, es difícil para un abogado defensor de derechos humanos luchar contra el poderío de un régimen que ha subordinado al poder judicial. En Venezuela, el sistema judicial está politizado y los jueces no son independientes; sus decisiones no son jurídicas, sino políticas. Muchas veces las pruebas presentadas por la defensa son desechadas y se toman decisiones desde el poder ejecutivo. Esta situación ha generado persecución, acoso y hostigamiento contra defensores de derechos humanos, muchos han tenido que emigrar y se ha creado un terror generalizado porque temen convertirse también en víctimas.
¿Ha recibido presiones, amenazas o intentos de intimidación por parte de organismos del Estado?
En la etapa en la que yo estuve como abogada de mi esposo en el caso del 11 de abril, por parte del Gobierno no recibí amenazas, pero sí por parte de los enviados de ellos (los colectivos), que nos amenazaban, perseguían y buscaban agredirnos a los familiares cuando salíamos del tribunal. En este momento, yo no estoy ejerciendo, sino que estoy documentando los casos de graves violaciones a los derechos humanos. Pero sí puedo decir que todos los abogados y defensores de derechos humanos en Venezuela corren el riesgo de convertirse en una víctima del Gobierno, no solo ellos sino también sus familiares. Como política y diputada, sí he recibido amenazas y también he sido objeto de persecución por parte del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional).
¿Cree que el testimonio humano es una herramienta de resistencia frente a la censura y la desinformación?
Por supuesto que sí, ante la censura y la desinformación que nosotros estamos viviendo en Venezuela desde hace muchos años, la mejor herramienta que puede haber son los testimonios tanto de las víctimas como de los familiares, además que le demuestran al régimen que, a pesar de la persecución, del asedio, de las amenazas, los familiares siguen adelante haciendo las denuncias y resistiendo a pesar de todo lo que viven. Y como siempre le he dicho a las familiares de presos políticos, es que no hay nada más poderoso que el testimonio de las víctimas para desenmascarar al régimen, para mostrar y llevar las denuncias a organismos internacionales y demostrar que en Venezuela se están cometiendo de manera sistemática violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
“No pierdan la fe ni la esperanza, que ellos no están solos”
¿Qué mensaje le daría a quienes hoy están detenidos injustamente y a sus familias?
A los presos políticos yo les diría que, a pesar de este duro momento que les ha tocado vivir, no pierdan la fe ni la esperanza, que ellos no están solos, que acá en Venezuela como en el exterior hay miles de personas que están luchando para que el cambio en Venezuela se materialice; esperemos que sea pronto y las rejas de las cárceles donde se encuentran se abran para que ellos y todo el país sea libre. Por otra parte, a los familiares, que juegan un papel sumamente importante, yo les diría que no pierdan esa fuerza de lucha para que sus familiares puedan ser liberados, que sigan luchando por los que están presos, que sigan haciendo las denuncias porque es la única manera, ante tanta censura y restricción que hay en Venezuela, de demostrar a través de los testimonios de los familiares que en Venezuela sí se están cometiendo de manera sistemática —y ya se ha demostrado, gracias a Dios— violaciones a los derechos humanos y también que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Esto es lo que ha ayudado a que la Corte Penal Internacional haya abierto una investigación sobre el caso de Venezuela.
