Los “Falsos Positivos” es como la prensa colombiana denomina a los civiles asesinados por miembros del Ejército de Colombia durante el conflicto armado interno del país (que comenzó en 1964). Utilizaban estas muertes como bajas de combate para engrosar sus resultados en operaciones contra las organizaciones delictivas. El objetivo era conseguir compensaciones económicas, condecoraciones, reconocimientos o días de descanso. En 2008, comenzó la protesta por unos crímenes que empezaron a cometerse años atrás, considerados como muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.
Actualmente, los estás investigando la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que indaga, desde marzo de 2017, los crímenes cometidos durante el conflicto interno armado y a todas las personas involucradas. Está considerado por dicha fuerza como el macro caso de investigación 003. La JEP concluyó, en febrero, que, al menos, 6.402 personas fueron víctimas del Ejército colombiano. Según un informe presentado por la JEP, las cifras más elevadas se produjeron bajo el mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez (de 2002 a 2010), con un 78% de las víctimas. Sin embargo, Uribe ha declarado no conocer las operaciones y tacha de “sesgado” el informe. La JEP ultimó que “los crímenes no hubieran ocurrido sin la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos en combate”.
María Luz Miriam Vargas, hermana de Elidelio Velasco, asesinado en 2006, relató que su hermano era un campesino cafetero. "Lo sacaron de casa y lo mataron porque pensaban que no habría quién lo reclamara", dijo en medio de lágrimas y pidió a los involucrados que digan la verdad. pic.twitter.com/lwy7MWATpY
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) May 16, 2022
“No es fácil estar acá frente a las víctimas. No voy a justificar lo que hice. Asesinamos personas inocentes, campesinos”, confiesa el militar retirado Néstor Guillermo Gutiérrez.
El martes 26 de abril, la JEP organizó en Catatumbo (Colombia) una audiencia de reconocimiento por los “Falsos Positivos”. “Maquinamos un teatro para mostrar un supuesto combate por la presión que había de los altos mandos”, ha declarado el militar retirado Néstor Guillermo Gutiérrez. “No es fácil estar acá frente a las víctimas. No voy a justificar lo que hice. Asesinamos personas inocentes, campesinos”, añadió. Por primera vez, exoficiales de las Fuerzas Armadas admiten estas operaciones. Además, estas declaraciones se han realizado delante de familiares de los fallecidos. Gutiérrez, quien fue cabo primero del ejército confesó también que después de asesinar a un inocente le colocaban un arma en la mano para que pareciese que era un combatiente.
Aplaudimos a las valientes mujeres de @MAFAPOCOLOMBIA por su inquebrantable búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Complacidos de acompañar a la @ComisionVerdadC en la ceremonia de reconocimiento de responsabilidad en Soacha. https://t.co/tooSfAjaRm pic.twitter.com/djtbWQud3c
— US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) May 12, 2022
El día 10 de mayo, se realizó otra audiencia en el municipio de Soacha. En esta sesión estaban presentes los integrantes del colectivo Mafapo (Madres de Falsos Positivos) que se encontraron cara a cara con exmilitares que confesaron los asesinatos. Uno de ellos fue el coronel retirado Gabriel Rincón Amado, quien aseguró su responsabilidad de los hechos. Entre las declaraciones destacan el testimonio de los familiares de las víctimas: “Con él mataron a mi mamá, se acabó una familia, con él también se fue mi esposo”, asegura Cecilia Arenas, hermana de uno de los fallecidos.
La Jurisdicción Especial para la Paz
La JEP fue creada, en 2016, con el objetivo de promover acuerdos de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Las penas que impone la JEP se basan en el principio de reparación de las víctimas, a base del reconocimiento de la responsabilidad. En caso de que ese reconocimiento no se dé, se les puede condenar hasta 20 años de cárcel. Sin embargo, si los acusados aceptan su cometido, se les impondrán sanciones especiales como limitaciones de la libertad de resiliencia y de movimiento y la realización de trabajos para reparar a las víctimas y a la sociedad, como construcción de escuelas.