El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha declarado firme la sentencia del 25% de castellano en las aulas catalanas y ha establecido un plazo de 10 días para que la Generalitat informe de que ha recibido la notificación. El tribunal consideró inadmisible el recurso de la Consejería de Educación de la Generalitat ante la resolución pronunciada el 16 de diciembre de 2020. La Generalitat tiene hasta finales de marzo para cumplir la sentencia. Si no lo hace, el Ministerio de Educación o cualquiera de las personas afectadas por el fallo podrán obligar su ejecución.
El TSJC solicita al Govern que, en ese plazo de 10 días en el que debe reconocer haber recibido la notificación, especifique cuál es el órgano encargado de cumplir la resolución del alto tribunal catalán. Además, el ejecutivo debe aclarar de qué forma se desempeñará la sentencia y el responsable de velar por el 25% del castellano en las aulas.
El consejero de Educación de Cataluña, José González-Cambray, ha declarado que la sentencia «forma parte del procedimiento» y que «no cambia nada». González-Cambray ha afirmado que el Ejecutivo seguirá con el proceso previsto y que esperará dos meses. «Seguiremos dando cumplimiento a la Ley de Educación de Cataluña (LEC), que marca que al acabar la etapa de educación obligatoria los alumnos deben tener asumidas las competencias en Lengua Castellana y Catalana», respondió el consejero sobre la sentencia.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reaccionado en Twitter a la resolución. “El catalán no se toca y la escuela catalana tampoco”, ha afirmado Aragonès. quien ha acusado de “politizar” la educación al alto Tribunal. En diciembre de 2020, el TSJC falló a favor del Ministerio de Educación y ordenó «reintroducir» el castellano de forma «proporcional y equitativa» respecto del catalán.
Esa «proporcionalidad» la cuantificó el TSJC, en 2020, estableciendo un mínimo del 25% del horario escolar en castellano para todos los centros catalanes. La Generalitat recurrió al Tribunal Supremo y frenó la aplicación de la sentencia. Un recurso que fue rechazado a finales de noviembre. El fallo de este viernes supone la ejecución de aquella sentencia.
El Gobierno insta al cumplimiento de la sentencia
La ministra de Justicia de España, Pilar Llop, ha aludido este lunes a la resolución del TSJC. “Estamos en un Estado de derecho y se respeta la ley y la Constitución. Las sentencias tienen que cumplirse”, ha aseverado Llop en un acto con la consejera de Justicia de la Generalitat, Lourdes Ciuró. “Hay dos meses para que la Generalitat dé una respuesta y diga qué va a hacer con la sentencia, si procede a su ejecución o va a hacer algún tipo de alegaciones”, reiteró la ministra, que indicó que las lenguas “no pueden entenderse como un elemento para enfrentar”.