El Gobierno de Francia ha confirmado una nueva multa contra los gestos, los silbidos y los comentarios obscenos. El portavoz del Ejecutivo, Benjamin Griveaux, anunció en una entrevista con la cadena BFM TV una serie de medidas para plantar cara al acoso sexual, de las que se incluye una sanción de entre 90 y 750 euros por acoso en la calle o en el transporte público.
“Les recuerdo que en Isla de Francia –la región parisina–, el 90% de las mujeres que utilizan el transporte público consideran que han sido víctimas de violencia física o verbal, o de algún tipo de acoso”, señaló Griveaux.
El anuncio llega después de un informe parlamentario que exigía el establecimiento de multas para castigar “todo comportamiento o presión sexista o sexual” en la esfera pública. “Debemos poner un fin a esto”, agregó el portavoz.
Benjamin Griveaux ha admitido que el Gobierno es “consciente” de la dificultad que supone constatar un delito en flagrancia. “Pero es mejor que nada”, apuntó el portavoz del Gobierno francés.
“Frenar a la persona que es violenta en el espacio público es una manera de luchar contra todo acto de violencia sexual”, comentó Marlène Schiappa, secretaria de Estado encargada de la Igualdad entre mujeres y hombres y principal impulsora de la iniciativa. “Igual que hemos sabido definir el acoso moral en el trabajo en la ley, podemos definir el ultraje sexista”, sentenció Schiappa.
Una norma de difícil aplicación
El presidente de la República, Emmanuel Macron, planea desplegar un nuevo cuerpo de agentes de terreno, la llamada Policía de proximidad, encargada de imponer este tipo de multas a los infractores.
Sin embargo, Benjamin Griveaux ha admitido que el Gobierno es “consciente” de la dificultad que supone constatar un delito en flagrancia. “Pero es mejor que nada”, apuntó el portavoz del Gobierno francés.
Francia no sería el primer país europeo en implementar sanciones similares. Otros estados, como Bélgica o Portugal, ya intentaron sin éxito aplicar multas contra el acoso callejero. Ante este dato, el portavoz del Gobierno ha estimado que se puede “aprender de estos intentos fallidos”.
Las medidas deberán ser debatidas en el Ministerio de la Familia y, una vez registradas como propuesta de ley, en la Asamblea Nacional.
