La Organización de Naciones Unidas (ONU) publicó un informe, este lunes, sobre la observación que realizó a partir de la invitación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) tras las manifestaciones que sucedieron la semana que el expresidente interino Manuel Merino asumió el cargo en noviembre de 2020.
La segunda moción de vacancia causó la destitución del expresidente Martín Vizcarra por “incapacidad moral” después de que los medios de comunicación publicaran unos supuestos sobornos cuando este era gobernante en la región de Moquegua. Sin embargo, en ese momento la investigación era preliminar.
Numerosos ciudadanos salieron a protestar, y, según el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la participación en las protestas fue del 37%, siendo una de las más multitudinarias del país. Por ello, la ACNUDH pidió a las autoridades “garantizar el derecho de reunión pacífica”. Sin embargo, el 12 y 14 de noviembre detectó violaciones a los derechos y represión policial durante la cual fallecieron dos personas y hubo centenares de heridos.
«Hay que garantizar la realización de investigaciones independientes y efectivas de todas las violaciones a los derechos humanos», señala el informe.
El organismo realizó más de 100 entrevistas con personas que habían sufrido vulneración de sus derechos humanos, como con testigos, abogados, asociaciones de periodistas, brigadistas y miembros de la Policía Nacional de Perú (PNP). “Las manifestaciones se desarrollaron en distintos puntos y fueron predominantemente pacíficas, aunque hubo incidentes violentos por parte de algunos manifestantes quienes lanzaron objetos como adoquines o fuegos artificiales. La PNP recurrió al uso de la fuerza sin distinguir a los manifestantes pacíficos”, aseguró el informe. “Cuando ya se adopte la decisión de dispersar una reunión, se debe evitar el uso de la fuerza; y de no ser posible evitarlo, solo se puede utilizar la fuerza mínima necesaria, dirigida contra un grupo específico que participe en la violencia”.
Lima, #MarchaNacional
Hace minutos.
Reporte de @leahsacin pic.twitter.com/jp0WlAGgbe— Jaime Chincha (@JaimeChincha) November 13, 2020
La ACNUDH también tuvo acceso a material audiovisual donde se mostraba cómo la PNP disparó perdigones y gas lacrimógeno directamente contra la movilización sin tener distancia. El documento mencionó casos de personas con heridas en el tórax, el cuello, la cadera y la médula. Además, habló sobre algunos relatos de manifestantes que habían sido encarcelados sin motivo: “Las condiciones en la detención eran degradantes, sin acceso a luz natural ni artificial, con ratas en la celda y fuertes olores a excrementos humanos”.
Ana Lucía Puente, especializada en Derecho Constitucional, fue una de las abogadas que salió a defender a los manifestantes. “Necesitaba ayudar a las personas detenidas injustamente. La Policía ni siquiera respetaba figuras como la defensoría del pueblo, quien se encarga de velar por los derechos humanos en Perú. Sentimos mucha indignación”, explicó.
Conclusiones y peticiones
La ONU señala que “se cometieron violaciones de derechos humanos” desde la libertad de expresión hasta los derechos a la vida. Por ello, pidieron al Estado peruano la derogación de la Ley de Protección Policial, que exista una legislación del uso de la fuerza y que garanticen el cumplimiento de las normas internacionales como los métodos no violentos.
También, señaló que se debe garantizar que las personas defensoras de los derechos humanos u organizaciones que dan asistencia en las manifestaciones puedan realizar su trabajo con seguridad y sin temor a represalias.
Finalmente, el organismo reclamó la reparación de las víctimas y familiares por los daños causados, ya que hasta ahora no hay ningún responsable de la muerte de los dos jóvenes y de los cientos de heridos. “Hay que garantizar la realización de investigaciones independientes, transparentes y efectivas de todas las alegadas violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el contexto de las protestas, y que todas las personas responsables sean juzgadas y sancionadas”, determinó el informe.