La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) son asociaciones judiciales que representan a más de 2.500 jueces de toda España. Las tres han remitido esta semana una carta a la vicepresidenta de la Unión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová, y al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, en la que denuncian ante las autoridades europeas lo que consideran como un «asalto al Poder Judicial llevado a cabo por el PSOE y Podemos».
Las asociaciones también advierten de que las reformas que pretende llevar a cabo el Gobierno y que afectan al Tercer Poder van en la dirección contraria a la que marca Bruselas, y que pone en peligro la separación de poderes. Además, aseguran que supone una «situación de riesgo claro de violación grave del Estado de derecho en España».
El texto comienza explicando que representan a la gran mayoría de jueces asociados y que se han visto obligados a recurrir a la Comisión Europea, «con enorme pesar». «Para poner en su conocimiento nuestra inquietud ante el actual panorama que se cierne sobre la independencia judicial en España, aun sabiendo que solo en contadas ocasiones la Unión Europea se pronuncia sobre asuntos de organización interna», justifica el documento.
Los jueces afirman que «a pesar de que la Comisión ha expresado ya su preocupación por la posible limitación de garantías a la independencia judicial en España, se siguen ignorando las recomendaciones que se han ido proponiendo y, desafortunadamente, se continúa en la línea de ir horadando paulatinamente la independencia judicial».
«Se trata de una ley de sometimiento del Poder Judicial a los partidos políticos que dominen en cada momento, lo que es el inicio del camino hacia el totalitarismo», afirman con respecto a la reforma del Gobierno.
«Nos dirigimos a la Comisión Europea para poner de manifiesto el riesgo al que se ve sometido el Estado de derecho en España, a causa de la deriva legislativa por reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en trámite. La primera reforma, ya en vigor, prevé un apagón del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al dejarle sin funciones de designación de cargos judiciales en la situación actual y hasta que sean renovados sus componentes. La segunda reforma prevista implica una rebaja de las mayorías exigidas en las cámaras legislativas para la designación de los vocales judiciales, de manera que los partidos de Gobierno por sí solos puedan decidir la íntegra composición del CGPJ», continúa.
La APM, AJFV y FJI consideran que «está en juego la separación de poderes y la independencia judicial, que es el apoyo del Estado de derecho, como garantía de respeto de los derechos humanos, inseparable de los valores de dignidad humana, libertad, democracia e igualdad».
También piden que desde el ámbito de competencia de la Comisión soliciten al Gobierno de España que aborde las reformas legislativas de una forma acorde con las garantías que exige el derecho comunitario. Por último, solicitan a Europa que «de no subsanarse la situación denunciada» inicien el procedimiento establecido en el Tratado de la Unión Europea por la constatación de un «riesgo claro de violación grave por parte del Reino de España, como Estado miembro, de los valores contemplados en el artículo 2 y del Estado de derecho».