Este texto, que se gestó en el Consejo de Ministros francés, comenzará a ser debatido en la Asamblea Nacional en un mes. Uno de sus objetivos principales es asemejar las normativas francesas a otros países europeos (como en el caso de Alemania) y también se ha visto como una nueva forma de controlar el flujo de inmigrantes.
El anuncio del Gobierno francés sobre la reforma de la ley de inmigración ha dejado declaraciones importantes como las que hacía el actual presidente, y en las que anunciaba que expulsará a todo aquel extranjero que cometiese un delito.
En el año 2017, 85.000 personas fueron rechazadas en la frontera francesa por no reunir todas las condiciones requeridas para entrar. En ese mismo año, superaban los 100.000 los inmigrantes que pedían asilo en Francia, un 17% más que el año anterior.
El presidente, Emmanuel Macron, ha recibido numerosas críticas a su política tanto a nivel nacional como internacional, a causa de esta ley de inmigración en Francia. Foto de Arno Mikkor (Flickr).
Macron busca «una inmigración controlada y un derecho al asilo efectivo». Para conseguirlo se centrará en la reducción (de 14 a seis meses) del periodo requerido para gestionar las peticiones de asilo y la disminución (de un mes a dos semanas) del margen para presentar un recurso.
Entre otras medidas, se estipula que el período de retención para aquellas personas que entrasen en el proceso de expulsión del país pasaría de ser de 45 a 90 días. Con este cambio, habría más tiempo para negociar las repatriaciones con los lugares de origen. Sin embargo, aquella propuesta que ha endurecido este control sobre los inmigrantes con mayor dureza es el incremento del tiempo que una persona podrá estar retenida hasta que se hubiese comprobado y verificado toda su documentación. El incumplimiento de las normas, la entrega de documentación falsa… se podrían castigar con multas de hasta 75.000 euros.
Aunque esta medida se haya resuelto con la mayoría parlamentaria apoyando la propuesta de Macron, todavía un número importante de diputados (de diferentes partidos) han mostrado su descontento e inquietud ante esta decisión.
Esta división en el Parlamento ha afectado internamente al partido de Macron. Las oposiciones más sonadas han venido de la mano de Mathieu Orphelin, un diputado del partido República En Marcha, de Macron, y Sonia Krimi, otra legisladora de este partido. El argumento de Orphelin se centraba en la medida de elevar el tiempo de detención de 45 días a 90 días, a la que calificaba de problemática. Añadió que su plan sería presentar enmiendas para modificar esta nueva ley. En el caso de Krimi acusó al Gobierno de «jugar con el miedo de la gente» con esta reforma.
