Un Plan de Vivienda 2018-2021 con un enfoque “claramente social”. Así ha definido el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, la estrategia de ayuda al alquiler de hogares, tanto libres como protegidos. Este borrador tiene como novedad el apoyo que el Gobierno dará a los jóvenes de hasta 35 años. Los que soliciten este impulso económico deben cumplir un requisito: tener unos ingresos menores a tres veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), es decir, 19.170,39 euros anuales (si se cobran 12 pagas) y 22.365,42 (si son 14).
Esta ayuda será de hasta 10.800 euros de los gastos del arrendamiento de la vivienda, con un límite del 20% del valor del inmueble. Los jóvenes que alquilen estos hogares tendrán que vivir permanentemente en ellos durante un período mínimo de cinco años. Además, no podrán tener otra vivienda, a no ser que se obtenga esta a causa de divorcio, separación u otros motivos involuntarios.
El coste máximo de estos alquileres será de 900 euros (“en casos justificados”, según De la Serna). Esto supone un incremento de 300 euros en comparación con el anterior Plan de Vivienda. Cada mes, el Gobierno subvencionará hasta un 50% del alquiler mensual de los inmuebles cuyo coste sea de 900 euros, y hasta un 30% para aquellos cuyo precio se encuentre entre los 600 y el límite máximo.
Este aumento del límite del coste del alquiler se debe a casos excepcionales. “Hay lugares donde el precio del alquiler sube y la cifra de 600 euros no encaja con la realidad del mercado”, ha explicado el ministro. Estas zonas más caras son Madrid, Barcelona e Ibiza.
El ministro ha presentado el real decreto del nuevo plan. Según De la Serna, se comenzará a tramitar el 1 de junio de 2017 para que entre en vigor el 1 de enero del próximo año. Asimismo, ha asegurado que el principal objetivo es “ayudar a las personas que más lo necesitan”. En este grupo, incluye a los jóvenes, las familias desahuciadas y los mayores.
El Plan de Vivienda 2018-2021 también pretende fomentar la oferta de alquiler a precios más bajos e incentivar la rehabilitación de los hogares. Además, otro objetivo es flexibilizar la gestión de las comunidades autónomas, ya que estas son las que aplican las medidas establecidas cuando se firman los acuerdos con el Gobierno.
Este nuevo plan atiende también a las necesidades de colectivos vulnerables, como las familias desahuciadas. El Estado y las autonomías subvencionarán entre 150 y 400 euros de alquiler a estos grupos. El 80% del subsidio será abonado por el Gobierno y el 20%, por las comunidades autónomas.