El Gobierno de España ha solicitado, este lunes, al Ayuntamiento de la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial el permiso de obras para comenzar el proceso de identificación y exhumación de los cuerpos de los enterrados allí. Los restos pertenecen a víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista que fueron enterradas en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
La solicitud ha sido presentada por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, con la vicepresidenta Carmen Calvo al frente. Dicha petición es una condición necesaria para entrar en la basílica e identificar los cuerpos de, aproximadamente, 60 personas que han sido reclamados por sus familias.
El proceso se ha llevado a cabo tras la aprobación del Consejo de Ministros, el pasado 30 de marzo, y dispone de más de 650.000 euros para poder realizar las correspondientes medidas y análisis genéticos de los cuerpos.
La exhumación se encuentra en la etapa inicial, sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado dicho proceso durante meses. Además, los familiares de las víctimas lo llevan reclamando desde hace años.
Los procesos de exhumación empezarán una vez que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial dé luz verde e informe de su aprobación a Patrimonio Nacional. Además, el Gobierno ha informado de que el proyecto contará con obras “necesarias” para poder llegar y abrir el paso a las criptas, que se encuentran en distintos niveles.
“La actuación contempla la adopción de medidas de seguridad y salud; la retirada o desmontaje de cerramientos, instalaciones y enseres para los accesos a las criptas; la realización de dichos accesos; la adecuación de instalaciones de iluminación y seguridad, y la adopción de medidas que garanticen la seguridad estructural para la inspección interior de cada una de las criptas”, ha apuntado el Gobierno de Pedro Sánchez.
Problemática judicial
El traslado de los restos mortales de Francisco Franco al cementerio de Mingorrubio, situado en El Pardo, fue el comienzo para “el cambio de significado” del Valle de los Caídos. El día en que su cuerpo fue exhumado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tildó de “infamia” aquel lugar que guardaba a una gran cantidad de víctimas que habían sido, según explicó Sánchez, enterradas sin el permiso previo de sus familiares. Por ello, insistió en que tenía que ser “reparada más pronto que tarde”.
La Ley de la Memoria Histórica se aprobó en 2007 y, desde ese momento, Patrimonio Nacional ha defendido el derecho a volver a obtener los restos de los familiares difuntos a, al menos, 60 familias. La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, lo explicó el mismo día en el que el Consejo de Ministros dio luz verde a la subvención que financiará las labores necesarias.