El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Junts per Catalunya han suscrito un acuerdo para respaldar la investidura de Pedro Sánchez, celebrada el 15 y 16 de noviembre. La propuesta de la ley de amnistía, la negociación del futuro Gobierno y los antecedentes en las instituciones catalanas son algunas de las medidas que recoge el documento publicado la semana pasada.
El pacto reconoce los sucesos de los últimos años en Cataluña, desde la movilización independentista tras el Estatuto en 2010, hasta los eventos como la consulta del 9-N y el referéndum del 1-O. El PSOE y Junts se inclinan hacia la negociación y acuerdos como vías para resolver los conflictos dados. Por ello, decidieron buscar entre ambos una serie de pactos que puedan contribuir a solucionar el futuro político de Cataluña.
«Es una oportunidad histórica y un acuerdo para una legislatura de cuatro años», aseguró Santos Cerdán.
El pasado 9 de noviembre, Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, anunció en una rueda de prensa el acuerdo entre estas dos formaciones. Además, enfatizó la importancia de configurar un gobierno lo antes posible para garantizar la estabilidad en España. «Es una oportunidad histórica y un acuerdo para una legislatura de cuatro años», acentuó.
✅ Pedro Sánchez (@sanchezcastejon), investido presidente del Gobierno con 179 síes y 171 noes. #SesiónDeInvestidura #InvestiduraSánchez pic.twitter.com/NukdHVNj4Z
— Congreso (@Congreso_Es) November 16, 2023
Los contenidos a negociar
Durante este mes de noviembre, se plantearán fechas para dialogar sobre diferentes cuestiones entre ambas agrupaciones políticas.
En primer lugar, Junts sugiere celebrar un referéndum de reconocimiento nacional y de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña. A su vez, el PSOE defenderá su avance a través de mecanismos jurídicos adecuados, así como el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña.
En segundo lugar, en cuanto a las limitaciones de autogobierno, Junts propondrá una modificación en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca). Con esta, tiene como objetivo establecer una cláusula de excepción en Cataluña que reconozca la particularidad en la organización institucional de la Generalidad y la cesión del 100% de los tributos que se pagan en dicha comunidad autónoma.
El partido socialista aboga por iniciativas que fomenten la autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña. También propone un diálogo sobre el impacto del actual modelo de financiación catalán, junto con un plan para facilitar el retorno de empresas que trasladaron su sede social a otros lugares en los últimos años.
El documento no está exento de discrepancias entre los dos partidos. Por un lado, Junts considera legítimos tanto el resultado como «el mandato del referéndum del 1 de octubre de 2017, así como la declaración de independencia el 24 de octubre de 2017». Por otro lado, el PSOE «niega toda legalidad y validez al referéndum y a la declaración, manteniendo su rechazo a cualquier acción unilateral».
No obstante, a pesar de estas posturas opuestas, ambos partidos reconocen la posibilidad de llegar a acuerdos significativos, sin necesariamente renunciar a sus respectivas posiciones.
El argumento de la ley de amnistía
Tras la concentración convocada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las capitales de provincia de España, el 12 de noviembre, los socialistas registraron al día siguiente en el Congreso la Proposición de ley orgánica para la normalización institucional, política y social en Cataluña, también conocida como la ley de amnistía.
«Es un paso de gigante para la convivencia en Cataluña», asegura Félix Bolaños.
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (en funciones), acentuó que la participación del Congreso para resolver la «mayor crisis política sufrida en décadas» refuerza las instituciones y el Estado de derecho. «Es un paso de gigante para la convivencia en Cataluña», destacó Bolaños.
El redactado de la ley pasará por un proceso de tramitación parlamentaria urgente, una solicitud que deberá ser aceptada por la Mesa y que permite acelerar los plazos a la mitad. La ley entrará en vigor el mismo día de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
???? Pedro Sánchez sobre el acuerdo con Junts
????️ «Cuenta usted con el compromiso del PSOE y el mío propio para cumplir con el acuerdo. Y por supuesto, vamos a aprobar una ley de amnistía para buscar soluciones políticas a un conflicto que es político»pic.twitter.com/4EurZHM9w9
— La Colmena Diario (@LaColmenaDiario) November 15, 2023
El documento señala que la amnistía «es un medio adecuado para abordar circunstancias políticas excepcionales», y que, a su vez, no puede interpretarse como un alejamiento del marco legal. Subraya que su fundamentación debe descansar únicamente en la solidez de un sistema democrático. Además, establece como uno de sus objetivos primordiales garantizar la convivencia y representar un paso esencial para superar crisis políticas pasadas.
En su extensión, la amnistía abarca el período desde el 1 de enero 2012, «año en el que comenzaron a desarrollarse los hechos del proceso independentista», hasta el 13 de noviembre de 2023, fecha de publicación del documento. Por lo tanto, se ampararán todos aquellos actos que estén incluidos en ese tiempo.
Los puntos amnistiados
La propuesta de la ley de amnistía no solo ampara a los líderes independentistas como Carles Puigdemont u Oriol Junqueras, sino también los delitos que «guardan una profunda conexión con los mismos».
El texto recoge que quedan amnistiados «todos los actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la independencia de Cataluña». Además, los casos de malversación de fondos públicos y usurpación de funciones relacionadas directamente con el proceso independentista quedarán sin efecto.
A su vez, las acciones llevadas a cabo durante operativos policiales destinados a dificultar o prevenir eventos que resulten en responsabilidad penal o administrativa también estarían bajo el alcance de la amnistía. Incluye, por tanto, a más de 50 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que están siendo investigados por su participación en las cargas durante el 1-O.
Sin embargo, la propuesta excluye los actos de terrorismo que han sido condenados mediante sentencia firme. A su vez, queda por determinar si las acciones de Tsunami Democràtic y los CDR -aún en proceso de investigación- estarían sujetas o no a la aplicación de esta ley.
El concepto lawfare
De igual manera, el acuerdo entre PSOE y Junts contempla que la amnistía abarque los casos de lawfare o judicialización de la política. Esta solicitud, planteada por Puigdemont, tiende a proteger tanto a él como a sus colaboradores. La inclusión de este concepto en el texto del acuerdo ha generado preocupación en el Poder Judicial. Esto se debe a la existencia de la posibilidad de responsabilizar a los jueces que aplicaron la ley durante el proceso.
A pesar de que el acuerdo entre ambas agrupaciones incorpore la aplicación de la ley de amnistía en casos relacionados con lawfare, —»Se tendrá en cuenta la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare»— el texto desarrollado de la ley no menciona este término.
????COMUNICADO
Las asociaciones de jueces rechazan las referencias a un “lawfare” en el acuerdo entre PSOE y JxCatSometer a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales supone una intromisión en la independencia judicial y quiebra la separación de poderes
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— AJFV Jueces (@JuecesAJFV) November 9, 2023
En un comunicado conjunto, las asociaciones de jueces y fiscales expresaron su «profunda preocupación» por esta alianza, al considerar que puede suponer la «intromisión en la independencia judicial» y la «quiebra de la separación de poderes». También, advierten de que esto se asemeja al modelo chavista de Venezuela y representa una amenaza para la independencia judicial.