El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón tomó la decisión, el 6 de noviembre, de imputar a Carles Puigdemont y a Marta Rovira tras recibir un informe de la Guardia Civil. Esta información estaba relacionada con el terrorismo y con el grupo de protesta al que presuntamente pertenecían ambos: Tsunami Democràtic.
Manuel García-Castellón compondrá la investigación, cuatro años después, por las actuaciones de la plataforma Tsunami Democràtic. Se investiga a Carles Puigdemont, eurodiputado y expresidente de la Generalidad de Cataluña, a la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), y a otras diez personas por un posible delito de terrorismo relacionado con el bloqueo de El Prat el 14 de octubre de 2019, y por la muerte de un viajero francés por un infarto el mismo día. Según informó Aena, gestor del aeropuerto, las movilizaciones provocaron la cancelación de más de un centenar de vuelos.
El magistrado ofreció a Puigdemont, al ser un miembro del Parlamento Europeo, la posibilidad de comparecer voluntariamente ante la Audiencia Nacional, tal y como establece el artículo 188 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sobre la acusación, el expresidente aseguró: «Es el golpe de Estado permanente».
«Es el golpe de Estado permanente», declaró Carles Puigdemont.
Sin embargo, la Fiscalía General del Estado considera que los indicios para la imputación son insuficientes y deberían enviarse a los juzgados catalanes. Durante los cuatro años de investigación, concluyen que no hay suficientes pruebas para la organización de un grupo terrorista.
A esta afirmación se opusieron dos policías que declararon haber tenido lesiones después del terrorismo callejero del 18 de octubre de 2019 en la Plaza de Urquinaona (Barcelona). Los agentes enviaron un escrito, elaborado por el despacho Fuster-Fabra Abogados, al juez para detallar que resultaron heridos graves durante la huelga convocada tras la sentencia del procés.
La asociación Dignidad y Justicia aclara que las actuaciones sobrepasaron el territorio catalán y tuvieron «carácter trasnacional» al afectar a la conexión con Francia, a partir de carreteras fronterizas. Por lo cual, piden que sea el Tribunal Supremo el que se encargue de la investigación.
Sin embargo, el acuerdo de investidura entre el PSOE y el partido político de Carles Puigdemont, Junts per Catalunya, abre las puertas a una posible amnistía para los políticos y ciudadanos que estuvieron involucrados en el referéndum ilegal de 2017
La posible amnistía ha sido rechazada por el Consejo General del Poder Judicial debido a sus referencias al lawfare (Judicialización de la política), y al quebrantamiento de la separación de poderes que supone.
Ignacio Cosidó, director del Centro para el Bien Común Global, exdirector de la Policía Nacional y exsenador del PP, indica que, supeditado a una investigación judicial, este indicio de terrorismo sería el delito más grave del código penal. Además, cree que los ciudadanos no son «plenamente conscientes» de la trascendencia para el funcionamiento del estado democrático.
Cosidó destaca que el problema de la ley de amnistía es que se limpian delitos de extraordinaria gravedad como malversación de fondos, corrupción o incluso ejercicio de la violencia. Según indica, este quebrantamiento de leyes está tasado por Europa para que no se conceda la amnistía. Cosidó afirmó: «Quienes aplicaron la ley para defendernos, son ahora acusados».
«Quienes aplicaron la ley para defendernos, son ahora acusados», afirmó Cosidó.
Con esta declaración, Cosidó insiste en la situación de quiebra total al Estado de derecho que se está viviendo en el país, una grieta como nunca se había vivido en la historia democrática española. Cosidó añade que la primera solución debe pasar por la restauración del Estado de derecho, para que posteriormente se pueda establecer una convivencia y concordia entre las sociedades española y catalana. Además, confía en que la Unión Europea «ponga coto» a la injerencia actual del poder legislativo sobre el poder judicial.
Trayectoria de Tsunami Democràtic
Tsunami Democràtic fue fundado, a finales de agosto de 2019, tras una reunión entre el expresidente catalán Quim Torra y su predecesor Carles Puigdemont. Ellos, junto con dos políticos suizos, apoyaron la idea de la independencia catalana a través de un canal de la plataforma de mensajería móvil Telegram.
El grupo persiste en su negación de vínculos con otros grupos independentistas y partidos políticos en Cataluña. Sin embargo, afirman que su nombre se deriva de una expresión utilizada por el líder independentista catalán Jordi Cuixart.
Los actos de Tsunami Democràtic se basaron en la desobediencia civil y la no violencia, y lideraron parte de las protestas más significativas en Cataluña durante el año 2019. Sus principales objetivos fueron la libertad de los y los huidos de la Justicia, además de la autodeterminación de Cataluña.