El río Guadalquivir se ha convertido en la nueva autopista para el narcotráfico en España. Las bandas criminales de narcos están cobrando presencia en diversos puntos de Andalucía. Algunos de los enclaves más destacados son Sanlúcar de Barrameda, Trebujena e Isla Mayor. Los delincuentes cada vez cuentan con armas más sofisticadas, como fusiles Kalashnikovs, que han sido utilizados contra agentes policiales que tratan de incautar la droga.
Con el recuerdo de los dos guardias civiles asesinados en Barbate el 8 de febrero de 2024, nuevamente los cuerpos de seguridad han recibido ataques, como en la localidad sevillana de Isla Mayor, donde se encontraban 4,5 toneladas de hachís. Ya se han movilizado los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES) de la Policía Nacional para encontrar a los narcos responsables del tiroteo que se produjo tras el encontronazo de varios agentes de Greco (Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado) con los traficantes, donde tres agentes salieron heridos, uno de ellos de gravedad. En cuanto a los otros dos agentes restantes, uno ha sufrido una rotura de dos costillas por el impacto de una bala, y el otro tiene una rotura muscular en el tríceps. El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, y el alcalde de Isla Mayor, Juan Molero, han tomado cartas en el asunto y han realizando una reunión en la que concluyeron que se le aplicará una “máxima firmeza ” al narco del Guadalquivir que causó el ataque.
El tiroteo de Isla Mayor no es un caso aislado, ya que los actos de violencia ligados al tráfico de drogas se han convertido en un habitual en las últimas semanas. En el río Guadiana, que también es una nueva vía para el transporte de droga, hace menos de dos semanas, un guardia nacional portugués falleció y otros tres resultaron heridos en la operación conjunta con la Guardia Civil para perseguir una narcolancha. Otro caso fue el 8 de noviembre, día en el que se produjo la explosión de una embarcación en la localidad de Punta Humbría (Huelva). Aunque no se trataba de un barco con fines de transportar drogas, se asocia a la embarcación con el petaqueo, es decir, administra combustible para los barcos que sí transportan drogas.
Aunque sin violencia, más localidades están invadidas por las drogas, como es el caso de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), que actualmente se encuentra bajo vigilancia. La causa de esta supervisión es la frustración de un alijo de 3.000 kilos de hachís que iba a navegar por el río Guadalquivir para su distribución. La operación ha finalizado con la detención de cinco personas que iban en una embarcación que navegaba de manera sospechosa por el río andaluz.
En Jaén, se ha logrado desmantelar el mayor laboratorio de extracción y procesamiento de cocaína de la zona oriental de Andalucía. Se ubicaba en la localidad jienense de Torredelcampo. La requisa de los 200kg de materiales para producir cocaína ha tenido lugar gracias a la colaboración entre la Policía española y la colombiana. También, una red que operaba entre Jaén, Estepona y Madrid ha sido desarticulada. Durante la operación se han incautado más de mil litros de precursores químicos, 35 kilos de cocaína y más de 17.000 euros en efectivo.
J.F.M., de PMM (Policía Municipal de Madrid), comenta que “el tráfico de drogas es una de las actividades delictivas más complejas a las que tienen que enfrentarse día a día las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que se encuentran en zonas fronterizas”. Además, añade que las repercusiones que este tipo de actividades pueden acarrear dependen del grado de implicación de las personas y, sobre todo, el daño que produzca a nivel social la sustancia objeto del tráfico.
“El Código Penal español recoge el narcotráfico entre los artículos 368 a 377, considerándolo un delito contra la salud pública”, afirma J.F.M.
Como J.F.M. confirma, en el Artículo 368 se establece el tipo básico del delito de tráfico de drogas. En él se dicta el castigo a quienes ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con tales fines. La pena establecida varía en prisión de entre tres a seis años y multa del tanto al triple del valor de la droga, si se trata de sustancias que causen un daño grave para la salud (como la cocaína o la heroína). En caso de no tratarse de drogas que causan esta gravedad de daños para la salud, como es el caso del cannabis, la pena se reducirá a entre uno a tres años y una multa del tanto al duplo del valor.
En el artículo 369 se contemplan las circunstancias agravantes, cuyo papel es aumentar la pena de prisión de seis a nueve años y multa del cuádruplo del valor. Entre estas circunstancias destacan la pertenencia a una organización delictiva, el empleo de violencia y armas o la notoria importancia de la cantidad de drogas. Sin embargo, es en el artículo 369 bis en el que se introduce la agravación cualificada para los casos de organizaciones o asociaciones delictivas dedicadas al narcotráfico. En estos casos de impone prisión de 9 a 12 años y multa del tanto al séxtuplo valor de la droga. De igual manera, los jefes o dirigentes de estas asociaciones pueden recibir penas aún mayores.
Aunque el consumo personal está despenalizado parcialmente, el cultivo, tráfico o distribución de marihuana (cultivo que ha experimentado un notable aumento en España) fuera de los límites autorizados por la ley constituye ese delito contra la salud pública contemplado en el Código Penal. Este fenómeno se ha convertido en un problema económico, social y de seguridad, con repercusiones significativas en el ámbito local y nacional. Además, según informes recientes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, se ha detectado un crecimiento sostenido de plantaciones ilegales, especialmente en comunidades como Andalucía, Cataluña, Aragón y Castilla – La Mancha.
Desde asociaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se viene reclamando medidas más severas contra los integrantes de estas bandas organizadas que actúan sin ningún tipo de pudor a la hora de utilizar la fuerza. Además, es esencial fortalecer los mecanismos de control, prevención y educación, al mismo tiempo que se promueve un debate informado sobre el futuro de la regulación de las drogas en España.
