El Gobierno continúa preparando la reforma laboral, con el objetivo de aprobarla e implantarla este 2025. El martes 4 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley para la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, sin pérdida de salario, tal y como han expuesto los ministros de Trabajo y Economía, Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo, respectivamente. Ambos comparecieron en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros junto a Pilar Alegría, la ministra portavoz, y calificaron las medidas como un «paso histórico».
La reducción de la jornada laboral podría entrar en vigor antes del 31 de diciembre de 2025, fecha límite que PSOE y Sumar se han fijado para su aplicación. Sin embargo, el Gobierno se encuentra con la posible oposición de Junts en el Congreso de los Diputados. El partido independentista catalán exige sentarse a negociar con los socialistas, y advierte de que priorizarán los intereses de las pequeñas y medianas empresas catalanas.
Un conjunto de medidas
El Gobierno y sus socios han aprobado en el Consejo de Ministros la reducción de la jornada laboral a través de un decreto por la vía de urgencia, tras no contar con el apoyo de la patronal CEOE y Cepyme, que apostaban por una negociación colectiva. Además, a este anteproyecto se le suman otras dos medidas que afectarán a la vida laboral de los españoles: la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a los 1.183 euros repartidos en 14 pagas, y el derecho a la desconexión digital.
La subida del SMI se aprobó también en el Consejo de Ministros del pasado martes 4 de forma inminente, según Yolanda Díaz. Se aplicará de forma retroactiva al 1 de enero, y los dos millones y medio de trabajadores que cobran lo mínimo verán actualizada en su nómina de febrero la diferencia respecto a la del mes de enero. Con este incremento, el Salario Mínimo Interprofesional ha aumentado más de un 60% con respecto a 2018, y se desconoce todavía si estará exento de tributación en la declaración de la renta.
Además, tras el acuerdo alcanzado entre los socialistas y los sindicatos, la desconexión digital será considerada como un derecho para todas las personas empleadas en España. El Gobierno ha establecido que la empresa no podrá comunicarse con el trabajador fuera de sus horas de trabajo, y el empleado podrá tener el derecho a no recibir llamadas o mensajes de la empresa fuera de su horas laborables.
La desconexión digital, un derecho «irrenunciable»
La ministra de Trabajo ha destacado la desconexión digital como un derecho «irrenunciable». Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social informan: «Se define el derecho irrenunciable de la persona trabajadora a la desconexión fuera de su jornada. No podrá dar lugar a consecuencias negativas o represalias la no atención de comunicación por parte de la persona trabajadora». Asimismo, Díaz ha insistido en la necesidad de los empleados de desconectar y, para ello, llevará a cabo un endurecimiento de las normas y de las sanciones para aquellas empresas que lo incumplan. También, incluye las situaciones de trabajo a distancia.
Según la Administración, el objetivo es garantizar un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal de los trabajadores. El acuerdo pactado con los sindicatos recoge, además de la desconexión digital, que todos los trabajadores tienen derecho a la intimidad en la utilización de los dispositivos digitales y a la protección frente a la videovigilancia y geolocalización. A su vez, el Gobierno también obliga a las empresas a garantizar que nadie se comunique ni solicite al trabajador ningún tipo de prestación laboral fuera de horario.
