La nueva ley húngara que prohíbe a los indigentes dormir en las calles del país centroeuropeo fue aprobada en junio por el Parlamento y ha entrado en vigor este lunes. Esta norma ha sido criticada por grupos que defienden los derechos humanos ya que consideran esta medida inhumana para la población sin techo.
En la práctica, la ley permitirá a la Policía detener a indigentes, confiscar sus pertenencias y destruirlas, si estos se encontrasen durmiendo en la calle, y llevarlos a la fuerza a albergues. En el caso de que estos se nieguen tres veces en un periodo de 90 días, podrán ser detenidos.
El primer ministro del Gobierno de Hungría, Viktor Orbán, ha declarado que esta nueva ley tiene el objetivo de «proporcionar unas condiciones de vida mínimas para las personas sin techo».
Sin embargo, el dirigente del grupo Otlatom, Gabor Ivanyi, que gestiona albergues con más de 600 camas en la capital, considera que el Gobierno «ha fracasado en el diálogo con las ONG del país» en la labor de encontrar una solución para las personas sin techo. Además, ha afirmado que el verdadero objetivo que persigue esta nueva norma es el de “asustar a los indigentes y apresurarles a dejar las calles”.
Ante esta medida, el Ejecutivo del país ha asegurado haber destinado casi 30 millones de euros para mejorar las condiciones de vida de los indigentes en el presupuesto de 2018.
«Creo que es vergonzoso criminalizar la situación imposible e indefensa en la que están estas personas,» ha afirmado una de las manifestantes, Agnes Merenyi.
Esta situación ha provocado que este domingo alrededor de 500 personas se manifestasen frente al Parlamento contra esta nueva ley. «Creo que es vergonzoso criminalizar la situación imposible e indefensa en la que están estas personas,» ha afirmado una de las manifestantes, Agnes Merenyi.
«Es vergonzoso. Los legisladores húngaros están criminalizando la situación de abandono de las personas sin techo», aseguraba uno de los manifestantes.
Críticas sobre la criminalización de las personas sin techo
La prohibición de dormir a la intemperie en las ciudades busca responder a la percepción de residentes y pequeños empresarios que consideran que la presencia de indigentes en las calles es un déficit de seguridad.
Otras prohibiciones que, al parecer, estimulan la “criminalización” de los personas sin techo son: pedir dinero en las calles, repartir comida en el espacio público y retirar artículos o desechos de contenedores de basura.