El Tribunal Constitucional ha anunciado este jueves el respaldo a la Ley de Seguridad Ciudadana, que regula las devoluciones en caliente de los inmigrantes que cruzan la valla de Ceuta y de Melilla. El fallo sostiene que “el régimen especial para Ceuta y Melilla de rechazo en frontera de los extranjeros que intenten entrar ilegalmente es conforme a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, y, además, matiza que esta medida podrá aplicarse siempre que sean “entradas individualizadas”, que haya “pleno control judicial” y se haga en “pleno cumplimiento de las obligaciones internacionales”.
El Constitucional se ha apoyado en la sentencia del pasado mes de febrero del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre este mismo asunto para respaldar su decisión. El tribunal, no obstante, ha recalcado que estas devoluciones inmediatas solo serán constitucionales cuando se lleven a cabo “sin perjuicio del control judicial que proceda realizarse en virtud de las acciones y recursos que interponga, en cada caso concreto, la persona extranjera”.
Además, ha remarcado que las devoluciones en la frontera deben hacerse “con las garantías que a las personas extranjeras reconocen las normas, acuerdos y tratados internacionales ratificados por España, debiendo ser reales y efectivos los procedimientos de entrada legal en territorio español”. Los magistrados también han señalado que la Policía debe desarrollar su actuación con “especial atención” a esos inmigrantes de perfil “vulnerable”, como embarazadas, niños o personas mayores.
La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha defendido la “legalidad de las devoluciones” y ha afirmado que «el Gobierno de España seguirá haciendo las devoluciones de acuerdo a ley».
Según asegura el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), actualmente, los rechazos en la frontera de Ceuta y de Melilla no cumplen los límites impuestos por la legislación internacional en materia de derechos humanos, a pesar de que la Ley de Seguridad Ciudadana incluía la salvaguarda de respetar estos acuerdos.
El fallo del tribunal solo añade un cambio a la Ley de Seguridad Ciudadana: elimina el control previo en la toma de imágenes de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Considera que este control equivale a censura previa y que, por tanto, es inconstitucional.
El PP aprobó la llamada ley mordaza en solitario gracias a la mayoría absoluta con la que contaba a principios de 2015, y esta sentencia del Constitucional es fruto de un recurso impuesto por los partidos que formaban la oposición al Gobierno de Rajoy en esa fecha: PSOE, PNV, CiU, UPyD e IU.