La okupación de viviendas es un problema real. Afecta a miles de propietarios en toda España, y, en 2024, aumentó un 7,4% la media nacional de casas okupadas, que alcanzan un total de 16.426, según los datos del Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior. El crecimiento de las okupaciones en España ha sido constante desde 2010, y, en los últimos cinco años, la problemática se ha quintuplicado. En especial, desde el 2018, ha crecido un 35%. Además, este mismo informe refleja el crecimiento en un 42% de los casos en Cataluña, con 7.009 casos, lo que la sitúa a la cabeza de todas las comunidades autónomas españolas. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid, los datos han caído en un 4,3%.
Tal es la magnitud del problema a nivel nacional que los partidos políticos buscan implementar medidas efectivas. El último caso es el de Junts. El partido de Carles Puigdemont presentó en marzo una batería de propuestas para luchar contra la okupación. Las dos principales planteadas son una iniciativa en el Congreso de los Diputados para recuperar la propiedad okupada en un plazo de 48 horas, y otra en el Parlamento catalán, que consiste en una proposición para que las comunidades de propietarios puedan denunciar cuando haya un caso de este tipo en sus propiedades. Además, las dos han sido consensuadas y trabajadas desde la abogacía institucional, con la ayuda de colegios de abogados de Barcelona, Madrid y Málaga.
«Pedro», una de las víctimas de la okupación
Ricardo Bravo es el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, una plataforma de índole nacional formada por afectados que ayudan a personas en su misma situación. El propio Bravo fue víctima durante mucho tiempo y, en medios, solo respondía al nombre de «Pedro». «Me cambié de nombre para salir en los medios y me puse Pedro durante un tiempo para que no me reconocieran. Además, salía de espaldas. Pero todo esto no me valió de nada porque era el único que denunciaba en todo el edificio, la historia ha sido una pesadilla», cuenta Ricardo Bravo.
«Vivir con okupas es un auténtico infierno», cuenta Ricardo Bravo.
«Vivir con okupas es un auténtico infierno. Estás encerrado en tu casa, que se convierte en tu cárcel, porque el entorno es el infierno. No dormía por las noches por el ruido, el edificio estaba totalmente deteriorado, con basura y malos olores por todas partes, las puertas estaban rotas…», narra Bravo contando cómo era su época cuando estaba obligado a convivir con las personas que habían ocupado ilegalmente las casas de su bloque. Además, señala la pesadilla en que se convierte todo para el afectado cuando se le ocurre reclamar sus derechos: «Ahí empiezan las amenazas, las denuncias, las coacciones… Hubo un momento en el que era todo tan horrible y mi calidad de vida era tan pésima, que ya me daba igual no estar en esta vida, no valía nada para mí».
«Mi vida ya no valía nada. Me daba igual que me mataran», reconoce Bravo.
En ese momento de desesperación, Ricardo Bravo, también conocido como «Pedro», decidió comenzar a salir en los medios de comunicación y denunciar su situación. «Me daba igual que me mataran. Me hicieron la vida tan imposible que me daba igual», asegura Bravo. Su caso tuvo tanta repercusión que consiguió recoger hasta 86.000 firmas para lograr que se fueran, pero eso sí, pagándoles. Y, tal y como asegura Ricardo Bravo, una vez que se fueron, comenzó a buscar justicia, pero sin éxito.
«Es indignante, me he reunido con muchísimos políticos, asociaciones, he acudido hasta al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero nadie me ha ayudado. Nadie. Y, a día de hoy, sigo sin tener justicia después de 12 años. Incluso, una vez, cuando acudí a la asociación de vecinos de mi barrio no solo se me pusieron en contra, sino que me dijeron que les tenían que dar un recurso habitacional. O sea, encima les tengo que dar una casa para que se vayan, cuando yo pago todos los meses la mía y me hacen vivir el infierno», denuncia Ricardo Bravo.
«Nadie me ha ayudado. A día de hoy, y después de 12 años, sigo buscando justicia», asegura Bravo.
La posibilidad de echar a los okupas inmediatamente
Ricardo Bravo y la Plataforma de Afectados por la Ocupación piden a los políticos soluciones para tratar este problema. Desde la organización, solicitan la posibilidad de echar a los okupas inmediatamente tras la okupación, en menos de 24 o 48 horas. Además, se apoyan en los datos, e incluso el Instituto de Estudios Económicos (IEE) clarifica que el allanamiento ilegal de vivienda se ha convertido en uno de los principales dolores de cabeza de los propietarios. El IEE asegura que está creciendo en los últimos años y está deteriorando la posición de España en el índice internacional de Derechos de la Propiedad. Además, las estadísticas no tienen en cuenta a las personas jurídicas, los casos de «inquiokupación» o los propietarios que ni denuncian por los altos costes del proceso.
«Las administraciones tienen que asumir la culpa, sus competencias y poner soluciones», asegura Ricardo Bravo.
«Muchas veces, la okupación la valoran como usurpación de una casa que consideran que no está habitada, lo que lo convierte en un proceso judicial larguísimo», explica Ricardo Bravo, quien además cuenta que desde la pandemia de la covid-19 se ha agravado el problema. Tal y como aseguran desde la plataforma de afectados, desde el año 2020 existe en España una legislación que paraliza los desahucios de familias vulnerables por la situación de crisis que se estaba viviendo. Una legislación que todavía, a día de hoy y 5 años después, sigue en funcionamiento y ha pasado a ser permanente a través de un real decreto. «Entendemos que el Gobierno proteja a esas familias y es lo que tienen que hacer, vivimos una situación muy complicada. Pero lo tiene que hacer de otra forma. No han construido vivienda social, no han destinado presupuestarias para atender a esas familias, Servicios Sociales ahora mismo es una estructura raquítica, no hay medios… Primero, las administraciones tienen que asumir la culpa, y luego que asuman sus competencias y pongan soluciones para el problema», concluye Ricardo Bravo.
