Esquerra Republicana (ERC) y la Candidatura de Unidad Popular (CUP) han acordado la investidura del candidato Pere Aragonès como próximo presidente de la Generalidad, tras las elecciones del pasado 14 de febrero. En el preacuerdo, ambas partes se comprometen, entre varios puntos, a continuar con el camino a la independencia marcado por el 1 de octubre, fecha en la que se realizó la votación ilegal para declarar de forma unilateral la independencia de Cataluña.
El pacto entre los partidos incluye un plan de ruta para la independencia de Cataluña. Los primeros pasos conllevan, según el acuerdo, mantener el diálogo con el Gobierno central durante los próximos dos años, hasta 2023. En este periodo, las partes —presuponiendo que La Moncloa decida sentarse a negociar esta materia— buscarían “una solución al conflicto catalán”.
Una vez finalizado este tiempo, las fuerzas independentistas decidirían si conviene o no continuar la negociación o si, por el contrario, hay que tomar un nuevo rumbo. Este camino ajeno a la negociación llevaría a una segunda fase, esta vez de confrontación, y que condicionaría el devenir de la legislatura. Si se llegara a la situación planteada, los partidos que conformaran la dirección que marcaría la vía de independencia decidirían el sistema a través del cual se haría la separación, ya fuera un referéndum u otro.
El acuerdo, que salió a la luz este domingo, parece poner fin a las posibilidades de Salvador Illa de ser nombrado presidente de la Generalidad. El candidato socialista alertó, desde el momento en el que ganó las elecciones, de su intención de presentarse a la investidura. Sin embargo, los apoyos de la Cámara no acompañan sus deseos y la materialización de este acuerdo supone un cambio a lo planeado.
En lo referente a Junts, la firma de ERC y la CUP pone punto y final a las posibilidades de que Laura Borràs sea presidenta de la Generalidad, aunque con su nombramiento como presidenta del Parlamento catalán se limitaba, casi completamente, esta posibilidad. En esta situación, la formación de Borràs, liderada por Puigdemont desde Bruselas, se vería abocada, salvo sorpresa, a apoyar el nombramiento de Pere Aragonès.
El acuerdo entre la CUP y ERC incluye otros puntos de interés, como la promesa de relegar a Carles Puigdemont en las negociaciones de independencia, la creación de una banca pública y de una renta mínima universal y un blindaje del Parlamento, a través de un cambio en el reglamento que asegure “su soberanía”.
La propuesta de amnistía, rechazada
El Congreso de los Diputados ha rechazado aceptar a trámite la propuesta de amnistía que pretendían aprobar los partidos independentistas. Los Mesa del Congreso ha considerado el texto es anticonstitucional. PSOE, Vox y PP han rechazado la iniciativa, aupada por la CUP, el PDeCat, ERC y JxCat. Mientras, Unidas Podemos volvía a sentar diferencias con sus socios de Gobierno y votaba a favor de que la norma fuera tramitada para su aprobación. La Constitución Española no recoge este instrumento, aunque haya sido utilizada en dos ocasiones en democracia, al ser una prerrogativa del Ejecutivo.
Los partidos independentistas han anunciado que recurrirán la decisión. La propuesta de amnistía busca que todos los actos de intencionalidad política desde el 1 de enero de 2013 quedasen indultados. Así, los condenados por el 9-N y por el 1-O entrarían dentro de esta iniciativa.