El Congreso peruano debatió, el 9 de noviembre, una segunda moción de vacancia presentada por los grupos parlamentarios Unión por el Perú, Podemos Perú, Frente Amplio y Acción Popular por «incapacidad moral”. Este hecho se produjo después de que los medios de comunicación publicaran unos supuestos sobornos al presidente, Martín Vizcarra, cuando este era gobernante en la región de Moquegua. La vacancia salió adelante con 105 votos a favor -la mayoría era 87-, lo que provocó su destitución.
Manuel Merino, quien en ese momento era el presidente del Congreso, volvió a dirigir la moción. En septiembre, lo intentó tras permitir la reproducción -en una sesión parlamentaria- de unos audios donde se escuchaba la conversación privada entre Vizcarra y sus asistentes sobre una supuesta contratación ilícita de un cantante en el Ministerio de Cultura. Después de haber sido aprobada, la Constitución indica que, al no haber vicepresidente, debe ser quien dirige el Parlamento.
Natalia Romano, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, afirma que la vacancia es una atribución que se ha depositado en manos del Congreso, según el artículo 113 de la Constitución de 1993. «Es un mecanismo que ha sido incorporado para superar situaciones de crisis generadas en torno al presidente. La falta de definición de lo que es la incapacidad moral es una puerta abierta a que el mecanismo puede ser empleado para cualquier evento que los congresistas consideren contrario a la moral necesaria para ejercer el cargo de presidente, incluso aquellas que no han sido comprobadas”, concluye Romano.
«La falta de definición de lo que es la incapacidad moral es una puerta abierta», afirma Natalia Romano.
El martes 10 de noviembre, Merino tomó posesión y prometió que acabará el mandato de 2016-2021 -que comenzó con Pedro Pablo Kuczynski-, respetando así las elecciones anunciadas para el 11 de abril de 2021. “Nuestro compromiso es llevar una transición”, afirmó. El jueves anunció su nuevo Gabinete ministerial, liderado por el primer ministro, Ántero Flores-Aráoz, que tendría que haber sido aprobado en el Congreso 30 días después de su presentación, según el artículo 130 de su Constitución.
Presentación del nuevo Gobierno de Perú, presidido por Manuel Merino. FOTO: Twitter @shebas07
“La historia y el pueblo peruano juzgarán las decisiones que cada uno toma. Hoy dejo el Palacio de Gobierno a pesar de que hay innumerables recomendaciones para que actuemos a través de acciones legales de esta institución, directamente, no tomaré ninguna acción legal”, anunció Vizcarra en el último mensaje a la nación. El expresidente sustituyó a Kuczynski tras su dimisión por su implicación en el caso Odebrecht -una de las mayores corrupciones en toda Latinoamérica-. Su mandato ha tenido varias complicaciones para aprobar leyes debido a la oposición, por ello, el 30 de septiembre de 2019 anunció la disolución del Congreso y unas nuevas elecciones parlamentarias en enero de 2020. Los resultados causaron una mayor fragmentación de partidos y Vizcarra, quien no presentó un partido, no tenía suficientes apoyos.
La investigación sobre los presuntos sobornos que habría aceptado es preliminar y aún no ha sido imputado por la Justicia peruana. Sin embargo, varios partidos presentaron la vacancia que fue admitida el 3 de noviembre.
Malestar entre los ciudadanos provoca la renuncia
A pesar de que el país andino ha disminuido la incidencia de contagios de coronavirus, continúa siendo el país, con mayor tasa de mortalidad en el mundo. Sin embargo, desde el primer día de la vacancia, miles de peruanos han tomado las calles para protestar en contra del nuevo Gobierno. «Si no es hoy, ¿cuándo?» decía alguna de las pancartas. También muchos de los manifestantes gritaban que lo que estaba sucediendo en su país era un Golpe de Estado.
“Lo que está viviendo Perú es, sin lugar a duda, la mayor crisis política desde la recuperación de la democracia tras el mandato de Alberto Fujimori. Todo lo acontecido es un atentado contra la frágil democracia, donde 105 personas han decidido vacar a un presidente en un contexto de pandemia mundial sin que estemos frente a la certeza de que Martín Vizcarra era responsable o no de las acusaciones en su contra», afirma Natalia Romano sobre dicha situación mencionada por los ciudadanos. «Es cierto que los ciudadanos elegimos a este Congreso, pero la legalidad de todo lo que ocurrido en torno a la vacancia presidencial es, por decir lo menos, controversial y en definitiva pone en riesgo el Estado de derecho», finaliza.
El jueves 12 de noviembre, se celebró una marcha nacional en todo el país, que, después de haber comenzado de forma pacífica, dejó un total de 11 heridos, incluidos varios periodistas que informaban de la situación. En otros países como Canadá, España y Alemania, más peruanos han realizado concentraciones para mostrar apoyo a su país.
En este video se ve claramente cómo la policía nos tira gas lacrimógeno cuando estábamos cubriendo la #MarchaNacional con otros colegas periodistas en la Av. Abancay. pic.twitter.com/eJXDb7kXhs
— Rodrigo Cruz (@rcruza) November 13, 2020
«105 personas han decidido vacar a un presidente en un contexto de pandemia mundial sin que estemos frente a la certeza de si era responsable o no», concluye la abogada.
Sin embargo, la fatalidad ha llegado en la segunda marcha nacional. Después de una concentración tranquila, en la madrugada hubo un enfrentamiento entre los manifestantes y la policía -coincidiendo con el toque de queda impuesto por la pandemia-, quienes comenzaron a lanzar perdigones. Dos jóvenes de 22 y 24 años fallecieron en el acto. Además, casi 100 personas han resultado heridas y seis personas continúan desaparecidas por la represión policial. Trece ministros que juraron, hace unos días, en el Gabinete de Merino han renunciado por los acontecimientos del 14 de noviembre. Entre ellos, el ministro del Interior, Gastón Rodriguez, quien afirmó que las armas que usaban los policías no eran letales.
El presidente interino, Manuel Merino, comunicó al día siguiente de los altercados su renuncia después de que varios partidos políticos emitieran una nueva propuesta de moción de censura. «Invoco a la paz y a la unidad de todos los peruanos. El país merece seguir adelante». Muchos ciudadanos celebraron su decisión, pero no descartan terminar las manifestaciones dependiendo de la elección del nuevo Gobierno.
El Congreso había presentado una lista liderada por la política de izquierdas Rocío Silva Santisteban, quien gobernaría hasta el próximo mes de abril. Sin embargo, ante un nuevo desacuerdo entre los congresistas, la decisión de la mesa directiva se realizará en el día de hoy.
El momento que renunció pic.twitter.com/lYNBDtX8Cv
— Rosa María Palacios (@rmapalacios) November 15, 2020
Sin mayoritario apoyo internacional
La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha emitido un comunicado en el que anuncia su “profunda preocupación” por la crisis que sacude al país, a cinco meses de las elecciones presidenciales. “La celebración de estas elecciones constituye un paso esencial para asegurar una nueva etapa en la vida democrática institucional”, afirma. También, pide al Tribunal Constitucional del Perú (TC) su pronunciamiento sobre la legalidad y la legitimidad de la decisión del Congreso. Otros países también esperarán al TC, como Colombia y Reino Unido, a excepción de Paraguay y Uruguay, que habían felicitado al ahora expresidente interino. La institución pública ha comunicado que evaluará la situación la tarde del 16 de noviembre (hora peruana).
«Diversos organismos internacionales y mandatarios vienen exhortando al Estado peruano que respete la convocatoria a elecciones del próximo año. Esto nos ha dejado entrever, sin lugar a dudas, que la comunidad internacional mira con especial atención y alarma el respeto a la convocatoria a elecciones generales», añade Romano. «Es necesario que el TC resuelva la demanda competencial a fin de que establezca los parámetros para interpretar la figura de incapacidad moral permanente. Sin perjuicio de los efectos que tenga esa sentencia sobre la situación política actual y, en particular, sobre la posibilidad de que se pueda restablecer las cosas al estado anterior, ello permitirá abordar con certeza y claridad cualquier control que se decida realizar por parte del legislativo al ejecutivo de manera posterior», concluye la abogada.