Irán ha llevado a cabo la segunda ejecución, en menos de una semana, como consecuencia de las protestas contra las leyes del país teocrático. Condenado por “odio contra Dios”, Majidreza Rahnavard fue ahorcado el pasado lunes, en público, como castigo por las reiteradas quejas populares que se están produciendo en Irán. La familia de Rahnavard aseveró, según una organización activista, no haber recibido información concerniente a la acusación y pena capital, y fue después de la ejecución cuando lo supieron.
Numerosas instituciones han manifestado su repulsa ante los recientes acontecimientos y censuran la política del país. El director de la organización Derechos Humanos de Irán, Mahmood Amiry-Moghaddam, publicó en sus redes sociales que las penas de muerte estaban fundadas en “confesiones forzadas, después de un proceso extremamente injusto y un juicio de espectáculo”.
La Fiscalía de Irán, el 4 de diciembre, confirmó la abolición de la Policía de la Moral, después de las recurrentes demandas de la población en las calles. Las protestas, originadas tras el asesinato de Mahsa Amini, llevaron al Gobierno a ceder, aunque, desde el órgano iraní aseguraron que seguirían trabajando en las vigentes normas por el mantenimiento del espacio público. La Policía de la Moral ha reducido sus restricciones, y en los últimos días numerosas mujeres celebran haber podido salir sin portar el hiyab.
El portavoz del Centro de la Promoción de la Virtud y Prohibición del Vicio, Ali Janmohamadí, afirmó que las patrullas de la Policía de la Moral habían terminado, pero que el Gobierno estaba buscando formas “más modernas” de seguir cumpliendo con la legislación aplicada a la castidad y al uso del hiyab.
Las autoridades del país islámico han manifestado que, pese a que pueda haber limitaciones en el arresto a mujeres que lleven mal colocado el velo, “las normas de 1983 que permiten castigarlo se mantendrán”. No obstante, la ONU no ha tardado en reaccionar a las recientes represiones que están sufriendo las mujeres en Irán, y, por la falta de respeto a los derechos, ha expulsado al país de la Comisión de la Mujer.
El delito de “odio contra Dios” o “moharebeh” significa una injuria para el Estado islámico, que ha supuesto la sentencia a muerte de más de un centenar de personas en lo que va de año. En redes sociales y en las calles, las protestas han continuado, y llegan a presionar al Gobierno por la mala situación económica de algunos colectivos.
Uno de los últimos en ser condenado ha sido el futbolista Amir Nasr-Azadani, acusado por protestar en defensa de los derechos de las mujeres y por, presuntamente, estar implicado en el asesinato de dos policías. Sindicatos y organizaciones internacionales y deportivas han pedido que se dé marcha atrás en la sentencia, y han admitido sentirse “conmocionados y asqueados” con la decisión.