El Gobierno comunicó, el 10 de enero, a las comunidades autónomas la decisión de hacer obligatorias las mascarillas en los centros de salud y hospitales de todo el país. Desde comienzos de 2024, España ha sufrido un incremento en la propagación de enfermedades respiratorias contagiosas. El aumento en los casos de covid-19 y gripe han provocado un 60% más de ingresos hospitalarios en la última semana, algo que los profesionales médicos achacan a un menor ritmo en la vacunación
La ministra de Sanidad, Mónica García, reconoció que la aprobación de esta nueva medida busca “proteger a la población más vulnerable y a los trabajadores sanitarios”. En un principio, se acordó también implementar esta resolución en residencias y farmacias, aunque, finalmente, el uso de mascarillas en estos lugares será solo una recomendación. Asimismo, García, explicó en rueda de prensa que las comunidades que encadenan dos semanas consecutivas de descenso en el número de infectados cuentan con la libertad de no aplicar la norma. Hasta el momento, solo Melilla y el País Vasco se encuentran en disposición de acogerse a esta condición.
«La idea es proteger a la población más vulnerable y a los trabajadores sanitarios», recalcó García.
Poco después de que las autoridades gubernamentales anunciaran la resolución, se originó polémica. Los presidentes del PP en Aragón, Andalucía, Castilla y León y Murcia aseguraron que se ha actuado “tarde y mal”, ya que tras las fiestas navideñas la situación se ha agravado. Asimismo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recriminó que se trata de una “improvisación”, y añadió que “la obligación como la prohibición es un recurso de gestor débil”.
No obstante, las autonomías comandadas por el Partido Popular no fueron las únicas en reprobar la imposición de las mascarillas. “No nos oponemos a la medida, asumiremos la decisión, pero nos gustaría que se hiciera por consenso y escuchando al resto”, insistió la portavoz del Gobierno regional de Castilla-La Mancha, Esther Padilla. El País Vasco y Navarra también discrepan con el dictamen, por lo que han decidido estudiar la legalidad de la intención del Ministerio de Sanidad.
Autobajas para reducir la presión hospitalaria
Ante el panorama actual, Sanidad ha propuesto activar las autobajas de hasta tres días. Además, alegó que esta iniciativa es “una demanda histórica de los profesionales de atención primaria” y cumple con el objetivo de “descolapsar estos espacios”.
Desde el punto de vista legal, las tres primeras jornadas de baja no se cobran, por lo que, inicialmente, no conlleva un mayor gasto a las empresas o arcas públicas. Sin embargo, esta materia también atañe al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social, Migraciones y comunidades autónomas, por lo que antes de hacerse efectivo debe lograrse un acuerdo entre estos. El portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, Lorenzo Armenteros, sostuvo que “es necesario hacer más ágil este mecanismo que es exclusivamente administrativo y que en muchas ocasiones supone una sobrecarga para el sistema”.
