El Congreso de los Diputados aprobó, el pasado 14 de noviembre, una reforma legal para agilizar los juicios en casos de okupación. Esta modificación se aplica a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia. Fue gracias a una enmienda emitida del Partido Nacionalista Vasco (PNV), y explica que en los casos de allanamiento de morada y de usurpación, los juicios se tramitarán a través de el procedimiento abreviado. Este cambio afecta al artículo 795.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
El procedimiento abreviado también se conoce como juicios rápidos e implica que su resolución podrá darse en un plazo de siete a ocho días desde que llegan al juzgado. A estos juicios rápidos, se les dará un máximo de 15 días para su resolución. Aunque la reforma acelera la parte judicial, los desalojos de las viviendas seguirán dependiendo de la complejidad de cada caso, lo que significa que los plazos de los desahucios no serán tan ágiles como los procedimientos penales.
El desalojo de los okupas no será inmediato, pero este cambio supone una significativa reducción en los plazos de los juicios, de forma que se acelera tanto la resolución judicial como los desahucios posteriores.
La reforma entra en vigor a principios de 2025
La ley ya ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados,, y ahora deberá pasar por el Senado para continuar su tramitación. Siguiendo la Constitución, el Senado dispone de dos meses para debatir la causa, es decir, la reforma, salvo que el texto sea declarado urgente, lo que reduciría el plazo a 20 días. En este caso, la modificación no tiene carácter de urgencia.
El Senado puede optar por tres escenarios. La primera es la aprobación sin modificaciones, lo que permite el paso directo a la publicación. En el segundo, es posible la introducción de enmiendas parciales, modificando partes del texto antes de su publicación. Por último, la Cámara Alta podría rechazar el total del texto, y devolverlo, sin aprobar, al Congreso.
El PNV presentó la enmienda en el Congreso, que salió adelante gracias al apoyo del Partido Popular (PP). El PP cuenta con mayoría absoluta en el Senado, por lo que se espera que la ley sea aprobada sin modificaciones.
La okupación ilegal en España
Según datos del Ministerio del Interior, 2022 registró una de las cifras más altas en cuanto a infracciones penales por usurpación o allanamiento de morada e inmuebles. La cifra ascendió hasta los 16.726 casos, mientras que en 2023, disminuyó hasta los 15.289 casos.
En concreto, 1.516 de los casos totales de okupación en España se dieron en la Comunidad de Madrid, que es la segunda provincia con más casos, por debajo de Barcelona, que registró el año pasado 4.610 casos. Según los datos obtenidos en años anteriores, se prevé que para finales de este año, el porcentaje de casos de okupación supere los datos alcanzados en 2023.