El Tribunal Supremo declaró firme la sentencia del 25% del castellano en las aulas de Cataluña, en enero. La Generalitat, según ABC, ha explicado que los alumnos pasan más de 1/4 del tiempo que están en los colegios e institutos hablando castellano. El Gobierno catalán argumenta que deben contar las horas fuera de las aulas, pero que se pasan dentro del centro educativo o en actividades organizadas por este: el patio, el comedor, las actividades extraescolares…
La portavoz del Ejecutivo catalán, Patrícia Plaja, ha señalado que el gabinete jurídico de la Generalitat considera que la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña “no tiene legitimidad” para hacer que se aplique la sentencia.
Plaja ha declarado que “también se trabaja para que pronto estén listas las modificaciones legislativas necesarias para responder a ese ataque al catalán y al modelo de escuela catalana”. Asimismo, la portavoz catalana ha anunciado que en los próximos días se aprobará un decreto ley para proteger a los centros educativos y sus planes lingüísticos.
La modificación de la ley de política lingüística sigue detenida desde que Junts per Catalunya decidió separarse del acuerdo con Esquerra, el PSC y los comunes. Los partidos han concedido un día a esta formación para que organicen el acuerdo y, en caso de que no se rehaga, harán que la propuesta se incluya en la próxima reunión para que se apruebe sin los votos de Junts.
Montserrat Bassa: "Si su Constitución impone el 25% de la lengua castellana en nuestras escuelas, es deber de nuestro pueblo liberarse de esa intransigente y mezquina Constitución, y tener una Constitución propia que defienda nuestra lengua". pic.twitter.com/CwAqtm8TMU
— El HuffPost (@ElHuffPost) May 17, 2022
El Gobierno central ha declarado que se debe “respetar la independencia de la Justicia, la separación de poderes y los tiempos judiciales”.
El Partido Popular ha respondido a las propuestas de Junts y va a llevar al Congreso, este martes, una solicitud para crear una institución que inspeccione el cumplimiento de la sentencia de obligatoriedad lingüística en las aulas catalanas.
El texto presentado, firmado por la secretaria general, Cuca Gamarra, trata de garantizar la “neutralidad ideológica” en colegios e institutos, en los términos “del artículo 27.3” de la Constitución, para asegurar “los principios y normas constitucionales” con el objetivo de presentar a los centros educativos como “lugares de aprendizaje” libres de “adoctrinamiento”.
El PP reafirma el texto de la Lomloe que pide “velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de educación, así como de sus derechos lingüísticos”.