Escrito por Javier López-Cuervo y Pablo Parreño
“Un nuevo acuerdo, para un país mejor”, es la forma con la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha definido el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, presentado el pasado 4 de octubre.
Después de jornadas de duda y conversaciones entre PSOE y Unidas Podemos, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha afirmado que se ha logrado un pacto para poner en común los distintos puntos de los presupuestos. No obstante, pese a que Díaz declaró que no se levantaría de la mesa “hasta el último minuto, por el bien de su país”, ha admitido que algunos de los aspectos requeridos por parte de Podemos no han concluido de manera satisfactoria. En Twitter, sin embargo, ha publicado un mensaje en el que alude al anuncio de un convenio que “aporta certidumbres y consolida al Gobierno”.
Ahora comenzará un periodo de negociación con los demás partidos políticos, donde el Gobierno buscará el apoyo suficiente para la aprobación e implantación de los Presupuestos Generales del Estado, antes del 1 de enero de 2023.
Un nuevo acuerdo, para un país mejor.
Por tercera vez consecutiva, aprobamos unos Presupuestos Generales del Estado para proteger a la clase media y trabajadora, avanzar en justicia social y garantizar la prosperidad económica de España.
¡Seguimos!#PGE2023 #GobernamosContigo
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 4, 2022
El documento presentado por los socios de coalición incluye novedades, como la incorporación de un cheque de 100 euros para todas las familias con hijos de hasta tres años, ya no solo para las madres trabajadoras. También, el Gobierno destinará 200 millones de euros al bono joven de alquiler y planea desarrollar un nuevo plan de alquileres asequibles.
En los impuestos, el Gobierno llevará a cabo una rebaja del IRPF en rentas bajas y del IVA en productos de higiene femenina, del 10% al 4%. También plantea la conservación de los bonos gratuitos de Renfe hasta el próximo 2023.
Además, incluye un alza en las prestaciones por desempleo, que, a partir de los seis meses, llegarán hasta el 60% de la base reguladora. Respecto a las pensiones, plantea una subida estimada en torno al 8%, con el fin de hacer frente a la inflación. Del mismo modo que las pensiones, también aumentará el Ingreso Mínimo Vital.
Diferencias en los acuerdos
Las desavenencias políticas residen en la “ley de viviendas”, que lleva más de medio año detenida y sin que se haya producido un acercamiento de posturas entre los partidos de izquierdas. ERC, EH Bildu y Podemos se han opuesto a la propuesta del PSOE y abogan por una normativa para la regulación de los precios de los hogares y en contra de los desahucios.
Asimismo, socialistas y morados han diferido en las propuestas de la “ley mordaza” y la “ley de familias” de la secretaria general de Podemos y ministra, Ione Belarra, quien pretendía ampliar el permiso maternal y paternal hasta los seis meses. Al mismo tiempo, algunos expolíticos, como Pablo Iglesias, han agradecido a Belarra su participación en la elaboración de los PGE.
El Gobierno de Pedro Sánchez cierra la propuesta de las cuentas públicas del Estado con una subida del 9,5% del salario a los funcionarios –con el apoyo de la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC. OO.)– y un gasto récord de 198.221 millones de euros.
Críticas de la oposición
Mientras el Gobierno saca pecho de sus PGE, algunos partidos de la oposición han mostrado su rechazo a estos. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que los Presupuestos son algo “antisocial”, ya que los ciudadanos pagan “los mismos impuestos que las rentas más altas como consecuencia del incremento de los precios”. Además, critica al Gobierno por estar “dividido y enfrentado” debido a sus dificultades para ponerse “de acuerdo consigo mismo”.
Vox asegura que son los Presupuestos “más gastones de la historia”. Su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, ha aseverado que se trata del “peor momento económico” de la vida de los españoles. Edmundo Bal, responsable de Ciudadanos en la Cámara Baja, ha destacado que están en desacuerdo con las cuentas públicas, aunque que no descartan estudiarlas.