- La ministra de Exteriores venezolana, Delcy Rodríguez, ha anunciado que iniciará un procedimiento para retirar a su país de la Organización de Estados Americanos (OEA), si se celebra la reunión de cancilleres, convocada sin el consentimiento de Nicolás Maduro, para analizar la situación de Venezuela.
El Gobierno vive la mayor crisis que se recuerda desde que el chavismo ascendió al poder. Maduro está siendo incapaz de neutralizar las marchas opositoras, mientras que la violencia se ha convertido en el único, que no efectivo, mecanismo de represión.
En este contexto, Rodríguez ha señalado a México como el precursor de un proceso que busca controlar los asuntos internos del país sudamericano, aunque aseguró: «Afortunadamente, eso nunca ocurrirá, porque así está marcado en nuestra historia, nuestro presente y futuro».
En la comparecencia ofrecida por el canal estatal VTV, desde el Palacio presidencial de Miraflores, la ministra confirmó: “Tal como ha indicado el presidente, Nicolás Maduro, presentaremos la carta de denuncia a la Organización de Estados Americanos e iniciaremos un procedimiento que tarda 24 meses”.
Además, Rodríguez remarcó, de forma contundente: “Venezuela no participará de ninguna actividad donde se pretenda posicionar el intervencionismo y el injerencismo de este grupo de países que solo buscan perturbar la estabilidad y la paz”. La ministra concluyó: “Son acciones dirigidas por un grupo de países mercenarios de la política para coartar el derecho al futuro del pueblo de Venezuela, para coartar y afectar el derecho a la patria, el derecho a vivir tranquilamente”.
La OEA, por su parte, ha aprobado la convocatoria para una reunión extraordinaria, con los ministros de Exteriores, en la que abordar la crisis política venezolana, con 19 votos a favor, 10 en contra y cuatro abstenciones, con la ausencia de Venezuela.
En caso de que del Gobierno venezolano presentara el documento de ruptura, comenzaría un proceso de 24 meses, durante el cual seguiría siendo país miembro, antes de la salida definitiva, para la cual deberá pagar 8,7 millones de dólares correspondientes a la deuda contraída con la institución, según el artículo 143 de la OEA.