La ciudadanos antichavistas se han manifestado en 26 puntos diferentes de la capital venezolana, Caracas. A estas, acudieron entre 100.000 y 200.000 personas para protestar contra el Gobierno de Nicolás Maduro. A finales de marzo de 2017, una sentencia del Tribunal Supremo anuló las competencias de la Asamblea General, donde la oposición tenía más representación. Aunque esta medida fue revertida, es la causa por la que las manifestaciones se reactivaron y que han dejado ocho víctimas mortales.
Las tres últimas (dos estudiantes y un sargento de la Guardia Nacional) fallecieron el miércoles en la “madre de todas las marchas”. Así ha calificado a la multitudinaria manifestación el gobernador del Estado de Miranda y líder de Primero Justicia, Henrique Capriles. En esta, los ciudadanos y miembros de las formaciones antichavistas reivindicaban el respeto al Parlamento, la celebración de elecciones, la libertad de los presos políticos y la habilitación de un corredor humanitario.
A estas protestas se unió la fiscal general del país, Luisa Ortega. “Es un derecho constitucional convocar manifestaciones pacíficas y estas no deben poner en riesgo la integridad de los manifestantes ni de terceros ni la estabilidad institucional”, aclaró la funcionaria en un comunicado.
La fiscal se encaró a los oficiales de la Policía y el Ejército que vigilaban la protesta opositora para pedir que garantizaran el derecho a la libre manifestación. Sin embargo, la protesta acabó por convertirse en una pelea entre partidarios del Gobierno, antichavistas y las autoridades. Los oficiales lanzaron gas lacrimógeno y perdigones a los asistentes, quienes contraatacaron con pedazos de cemento arrancados de la carretera.
“Hoy pretendieron tomar el poder y los hemos derrotado otra vez”, ha declarado Maduro. El Ejecutivo acusa a los opositores de ser los causantes de las revueltas y asegura que seguirá sin consentir las protestas: “Estoy decidido a defender mi patria y a defender mi pueblo, y no voy a ceder ni un milímetro”. En total, la cifra de detenidos asciende a 521.
En la víspera de la manifestación “madre”, Maduro anunció que pondrá en marcha el Plan Zamora. Este consiste en juntar a las Fuerzas de Seguridad oficiales con civiles militarizados con el fin de mantener el orden interno. Desde ONG y asociaciones como Amnistía Internacional, se asegura que los ciudadanos no están “legitimados a usar la fuerza”.
Asimismo, la Delegación de la Unión Europea (UE) en Venezuela ha publicado un comunicado en el que afirma que “la violencia y el uso de la fuerza no resolverán la crisis actual”. Además, asegura que las “fuertes sanciones” contra la oposición tampoco serán de utilidad para «controlar los disturbios y reducir las tensiones en el país”.