Estados Unidos ha incorporado una nueva ley de carga pública que permitirá al Departamento de Seguridad Nacional determinar si los inmigrantes pueden cambiar de estatus o no. La finalidad de Donald Trump ante esta es regular a todos aquellos que necesitarán en un futuro beneficios públicos para subsistir.
Este dinero se destina a las necesidades básicas como comer, la sanidad o la vivienda y, a pesar de que haya sido rechazado dos veces en los estados de Nueva York, California, Washington, Illinois y Maryland, está vigente desde este lunes.
La edad, la salud, el estado familiar, los activos, los recursos, el estado financiero, la educación y las habilidades de un extranjero y otros factores son los que se valoran principalmente para determinar si constituye o no una carga pública para EE.UU.
Este departamento explicó la semana pasada que esta medida se lleva a cabo para asegurarse de que todos los inmigrantes acuden a Estados Unidos con el fin de ser autosuficientes y para que confíen en sus propias capacidades, en lugar de recurrir a los beneficios públicos.
Sin embargo, esta ley posee algunas excepciones: aquellos que soliciten asilo, jóvenes inmigrantes especiales, víctimas de contrabando de personas o violencia de género, además de no ser aplicable para los estadounidenses, aunque no para sus cónyuges.
La consecuencia para todos aquellos inmigrantes serán el cambio de estatus o la prolongación de su estancia a través de una solicitud de extensión de visado o de residencia legal permanente.
Entre los que más temen esta medida están los inmigrantes que llegaron en la década de los 90 a Estados Unidos, pues renunciaron a los servicios sociales, ya que la ley de los recortes los exceptuaba, al igual que a los niños y a las embarazadas o a las que acaban de dar a luz, pues se ha restringido también su programa de ayudas.