PSOE y PP quieren eliminar la palabra “disminuidos” de la Constitución

- ESPAÑA - 1 de diciembre de 2023
Una persona en silla de ruedas. Imagen: Freepik.

El PSOE y el PP han expresado su deseo de quitar la palabra “disminuidos” que aparece en el Artículo 49 de la Constitución española de 1978. Este hecho coincidió con la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el pasado 3 de diciembre.

En una publicación en Twitter, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló que era de vital importancia “desterrar la discriminación” en la Constitución para que España se convierta en un mejor país.


El PSOE también ha expresado esta petición en su manifiesto en honor al Día de las Personas con Discapacidad. Con esta reforma, el Gobierno de Sánchez quiere lograr la protección de los derechos de las personas con discapacidad.

Del mismo modo, lo ha hecho el líder del PP. Alberto Núñez Feijóo agradeció a través de su cuenta oficial de X la labor de las asociaciones que trabajan ayudando a las personas con discapacidad. Además mostró su intención de hacer España un país inclusivo, accesible y justo.


El manifiesto del PP insta a la reforma del artículo 49 para lograr el bienestar no solo de las personas con discapacidad, sino también de sus familiares. El Partido Popular expresa que el término “disminuidos” es anacrónico y que hay que adaptarlo a la realidad.

El 25 de enero de 2023, Félix Bolaños, entonces ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria del Grupo Popular, se reunieron en el Congreso de los Diputados. Como resultado, se aprobó la reforma del artículo 49. No obstante, nunca llegó a concretarse, debido, principalmente, a las elecciones general y, posteriormente, a los proyectos de investidura por parte de los dos líderes políticos.

Como ya había propuesto el Gobierno de Sánchez en 2018 y en 2021, hay que sustituir la expresión “disminuidos” por “personas con discapacidad”. Esta reforma fue imposible antes debido al veto del PP y de Vox.

Sin embargo, una reforma de la Constitución requiere la aprobación de tres quintos del Congreso y del Senado. Dentro de los 15 días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras podrán solicitar el nuevo texto para su ratificación mediante referéndum.

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