El rey Felipe VI presidió, el 29 de noviembre, la sesión solemne de apertura de las Cortes Generales de la XV legislatura, en la que instó a los representantes políticos a dialogar, a buscar el consenso y a respetar las instituciones democráticas. El monarca estuvo acompañado por la reina Letizia y la princesa de Asturias, Leonor, quién hizo un paréntesis en su formación militar en Zaragoza para asistir al acto.
El monarca pronunció un discurso en el que repasó los principales desafíos que afronta España. Además, el rey puso en valor la importancia del acto: “Las legislaturas son la medida del devenir de la vida política, cada nuevo mandato configura un anillo del tronco de nuestra democracia”. El jefe del Estado subrayó que la Constitución es el marco de convivencia que garantiza la unidad, la diversidad y la solidaridad entre los españoles, y pidió a los poderes públicos que la cumplan y la hagan cumplir.
El rey reconoció que la pluralidad política es una riqueza democrática, pero advirtió que también exige una mayor responsabilidad y lealtad institucional. Apeló al diálogo constructivo, al entendimiento y al acuerdo entre las distintas fuerzas políticas, y ha rechazado cualquier forma de violencia, intolerancia o exclusión. Asimismo, defendió el papel de las Cortes Generales como sede de la soberanía nacional y de la representación popular, y elogió la labor de los diputados y senadores al servicio del interés general.
Además, el jefe del Estado aprovechó la solemnidad del acto para apelar directamente a la juventud española: “Los jóvenes precisan de un marco como la Constitución que les permita convivir. Para ellos, la democracia no es una aspiración como lo fue para sus padres y abuelos, sino una realidad en la que han crecido”.
Antes del discurso del rey, como marca la tradición, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, pronunció un discurso haciendo balance de la legislatura anterior y poniendo en valor el Parlamento como institución: «El Parlamento es la espina dorsal de la democracia». Sin embargo, sus palabras provocaron que la derecha parlamentaria no se uniera al aplauso unánime de los diputados que es común en estas ocasiones.
Armengol tocó temas sensibles en su discurso. Citando al secretario general de la ONU, Armengol dijo que «la pesadilla de Gaza es más que una crisis humanitaria», para después pedir un alto el fuego inmediato. Posteriormente, ha tenido lugar uno de los momentos más polémicos de la intervención de la presidenta: «A lo largo de la historia, en esta asamblea se ha conseguido mejorar derechos guiados siempre por nuestra Carta Magna».
A continuación, Armengol citó diez leyes entre ellas la del matrimonio entre personas del mismo sexo o la ley de eutanasia. La oposición le recriminó que solo dos de las 10 medidas mencionadas fueran de partidos distintos al PSOE (la supresión del servicio militar, de PP, y la ley del divorcio, de la UCD).
La que es tercera autoridad del Estado no quiso dejar dejar pasar la oportunidad de introducir un fragmento en catalán en su discurso para hacer referencia a «esa España que habla en el Parlamento en las diversas lenguas cooficiales». Armengol finalizó con un mensaje de cara al futuro: «A partir de hoy tenemos un reto, confiar y creer en esta España del futuro, la de la juventud, la que cree en una Europa más social y más verde, la España que cultiva la cultura, la España plural».
El independentismo y el nacionalismo, ausentes
No acudieron al acto los diputados de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts, Bildu y Bloque Nacionalista Gallego (BNG), que mostraron su rechazo a la monarquía y criticaron la propuesta de ley de amnistía presentada por el Gobierno. Asimismo, entre los presentes también se pudieron ver muestras de protesta. Tanto el PNV como Podemos expresaron su disconformidad con la monarquía y no aplaudieron las palabras de Felipe VI.
La sesión finalizó con un desfile militar frente a las Cortes Generales, al que asistieron los reyes y la princesa de Asturias, así como las autoridades políticas y los miembros de las mesas del Congreso y Senado. También las autoridades judiciales, como el presidente del Tribunal Constitucional y el del Consejo General del Poder Judicial.