La Fiscalía Anticorrupción de Andalucía ha reafirmado su postura en el caso de los ERE contra José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía, y pide que este entre en prisión. La condena se basa en la canalización de subvenciones para prejubilaciones en expedientes de regulación de empleo (ERE) de forma fraudulenta, así como en la malversación de cerca de 680 millones de euros.
La defensa del expolítico ha negado los hechos y afirma que Griñán no es un “hombre corrupto”. Su abogado, José María Calero, ha asegurado que “no hubo enriquecimiento personal” y que la pena de seis años de prisión no puede llevarse a cabo hasta que el Tribunal Supremo no tome una decisión sobre el incidente de nulidad. Además, la defensa se reserva el derecho a reclamar al Constitucional si el Supremo no atiende dicho incidente. El letrado de Griñán, también, ha pedido un indulto al Gobierno de Pedro Sánchez, y apela a la inocencia del expresidente de la Junta.
Corrupción en la Junta de Andalucía
El origen de las investigaciones se fecha en 2009, cuando, tras unas irregularidades en la venta de unos terrenos de la empresa Mercasevilla –cuyo proceso había estado presuntamente manipulado, mediante la extorsión de dos directivos relacionados con la Junta de Andalucía a empresarios de la compañía–, la Justicia mandó a declarar a dos exdirectivos del grupo y a Antonio Rivas, exdelegado provincial de Empleo de la Junta, quien sería absuelto por haber sido vulnerada su presunción de inocencia. Más tarde, las autoridades ahondaron en la subvención a prejubilaciones que hacía el Gobierno de Andalucía a 68 empresas. En esta, se utilizaron cerca de 560 millones de euros. El fraude, entonces, se produjo en la inclusión en los expedientes de regulación de empleo a personas (supuestos prejubilados) que no estaban relacionadas laboralmente con las empresas beneficiadas por ese fondo.
Así, también, Francisco Javier Guerrero Benítez, exdirector general de Empleo, dispuso de 85 millones para ayudar a empresas en crisis, cifra que la juez Mercedes Alaya calculó que le sirvió para casi 900 subvenciones, muchas de ellas “irregulares”. En total, más de 50 millones de euros de este fondo fueron enviados a municipios de la Sierra Norte de Sevilla, cuyos alcaldes eran del PSOE.
El PP se suma a la Fiscalía andaluza
El PP se ha opuesto a la solicitud de suspensión de pena de los condenados a prisión. Tilda los hechos de “delitos político-criminalmente significados” y hace mención de que “por la experiencia de casos similares según los datos expuestos, son extremadamente remotas las posibilidades de indulto”.
Más de un mes después de que la Audiencia de Sevilla dictase sentencia acerca del caso, ahora la Sección Primera tiene la responsabilidad de dar el paso definitivo. En su texto, el PP aboga que “procede desestimar la solicitud de suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad mientras se tramitan los indultos planteados, debiendo desestimarse igualmente la suspensión que se ampara en la formulación de incidente de nulidad de actuaciones y de un eventual y futuro recurso de amparo constitucional”.
Sin embargo, dos magistradas (de los cinco miembros del tribunal), Ana María Ferrer y Susana Polo, se posicionaron a favor de Griñán y alegaron que no había dolo –intención de traspasar la ley, aun sabiendo de la ilicitud de las acciones– y que el político había sido víctima de un “exceso de confianza” en sus compañeros de Gobierno. En un voto particular, ambas magistradas explicaron estar de acuerdo en la pena de prevaricación al exlíder del PSOE en Andalucía y a los exconsejeros Miguel Ángel Serrano, Jesús María Rodríguez, Francisco Vallejo y Carmen Martínez, aunque aludieron a la insuficiencia de pruebas para condenarlos por malversación. A cada delito, “corresponde su escenario”, señalaron.
“Una cosa es que ante una situación generalizada de crisis económica se elaborara y asumiera un sistema ilegal de asignación presupuestaria para dotar de agilidad la concesión y pago por parte de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía de las ayudas sociolaborales a los trabajadores y a las empresas en crisis, y otra distinta es que después, en la fase de ejecución presupuestaria, los fondos destinados a esas subvenciones extraordinarias se desviaran del destino social y económico establecido en la ley, con daño para el erario público”, aclararon. De esta manera, Ferrer y Polo culpaban a la Consejería de Empleo por la malversación de una cantidad aproximada de 700 millones de euros en poco más de una década.