La suspensión, que podrá ser recurrida e implica que en esta comunidad autónoma no se podrá cazar mientras esté impuesta, es en favor del recurso presentado por Pacma en el que se denuncia que el reglamento de caza va en contra de las directivas europeas que protegen la fauna silvestre.
Desde la Junta de Castilla y León han lamentado las consecuencias que esto pueda tener para la economía regional, y la resolución ha sido fuertemente criticada no solo por la Junta, sino también por las organizaciones agrarias, la Federación Regional de Municipios y Provincias o el Colegio de Ingenieros de Montes, entre otros. Todos ellos han advertido también de las consecuencias negativas que esta decisión puede tener sobre el medioambiente, además de la economía, sobre todo en el ámbito rural.
«La caza es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, y la decisión tomada deja sin efecto la Constitución y el Estatuto de Autonomía», afirma la Real Federación Española de Caza.
La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha emitido un comunicado en el que califica el auto como «ilegal» y como una decisión «manifiestamente injusta». Además, afirman que los letrados «se han extralimitado en sus competencias», ya que la caza es una «competencia exclusiva de las comunidades autónomas» y la decisión tomada «deja sin efecto la Constitución y el Estatuto de Autonomía», asunto para el qu el Tribunal Superior de Justicia autonómico «no tiene absolutamente ninguna competencia».
La presidenta de Pacma, Silvia Barquero, a través de un comunicado, ha secundado la decisión y ha visto positivo que los cazadores se vean forzados a «colgar sus escopetas, lo que supondrá un enorme respiro para los animales y para la personas que disfrutan del campo de manera pacífica, sin la amenaza de las balas». Además, añadió: «mientras la medida cautelar siga en marcha, Castilla y León se va a parecer mucho a lo que buscamos y reivindicamos desde nuestro partido».
«Mientras la medida cautelar siga en marcha, Castilla y León se va a parecer mucho a lo que buscamos y reivindicamos desde nuestro partido», afirmaron desde el partido animalista.
Ante el movimiento social de los partidarios de la caza, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, junto con el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León, elaboró el pasado miércoles una proposición de ley, a la que se sumaron PSOE, Ciudadanos y la Unión del Pueblo Leonés (UPL). La idea es que esta propuesta legislativa incluya una por una todas las especies, así como los mecanismos de control de cada una de ellas.
La propuesta de ley, que por estar respaldada por todos los grupos deberá ser presentada ante el Tribunal Constitucional y no ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ, será sometida a la consideración de la Cámara en el pleno del día 12, y aprobada para convertirse en ley en la sesión del 26, antes de que se disuelvan las Cortes.