España es un país en donde el narcotráfico está presente en su realidad social y económica. La evolución y los cambios en este ámbito son evidentes, como lo demuestran las cifras de incautaciones en 2020. Durante ese año, se confiscaron 1,5 millones de plantas de cannabis, casi 38 toneladas de cocaína y cerca de 350 toneladas de hachís. A pesar de las numerosas detenciones, que sumaron un total de 20.437, el narcotráfico no muestra signos de desaceleración. Este fenómeno se debe, en parte, a la adaptación de los narcotraficantes a las circunstancias cambiantes, incluso en la pandemia.
Además, el crecimiento de la marihuana y la influencia de las mafias del Este están impulsando esta evolución. En este contexto, los narcotraficantes están adoptando una estrategia de mantener un perfil bajo, evitando los iconos y nombres conocidos del pasado, con el objetivo de asegurar que «el negocio» continúe sin interrupciones.
Este febrero, dos miembros de la Guardia Civil perdieron la vida en Barbate: Miguel Ángel, de 39 años y procedente de San Fernando (Cádiz), integrante del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), y David, de 43 años y natural de Barcelona, del Grupo de Acción Rápida (GAR). Además, otros guardias civiles resultaron heridos. Seis narcolanchas se habían refugiado en Barbate (Cádiz), debido a las condiciones climáticas, según informes cercanos a la Guardia Civil. Por la noche, la patrullera del GEAS se acercó con luces indicativas para identificarlas, momento en el que una de las embarcaciones embistió con violencia a la patrullera del GEAS, donde se encontraban seis agentes.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visitó Barbate, en respuesta a este suceso. Grande-Marlaska había estado en Algeciras presentando la ampliación del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar hasta 2025, un programa que ha sido clave en la lucha contra el narcotráfico en la región desde su inicio en 2018, y ha permitido intervenciones significativas.
Sin embargo, el asesinato de los guardias civiles ha hecho saltar las alarmas sobre cómo se actúa en España frente a las amenazas del narcotráfico y cómo este afecta a otros ámbitos, como la actividad laboral.
Relación del narcotráfico con el paro
La tasa de paro en la provincia de Cádiz es del 20,82%, cuatro puntos menos que en 2022. Sin embargo, esta cifra sigue siendo, aproximadamente, nueve puntos superior a la media nacional y más de tres puntos por encima de la media andaluza. Al cierre de 2023, Cádiz contabilizó un total de 119.000 personas desempleadas. De esas, 63.700 son mujeres y 55.300 son hombres. Este número no debe confundirse con los demandantes de empleo, que son aquellos registrados mensualmente por el Servicio Andaluz de Empleo, que fueron 131.221 en diciembre de 2023. La tasa de desempleo en Cádiz y el narcotráfico podrían estar relacionados en algunos aspectos, pero no necesariamente de manera directa.
En áreas donde el desempleo es alto, las personas pueden verse más tentadas a buscar ingresos alternativos, lo que podría aumentar la participación en actividades ilegales, como el narcotráfico. Además, la falta de oportunidades económicas legítimas puede contribuir a la vulnerabilidad de algunas comunidades frente a la influencia del crimen organizado. Sin embargo, el narcotráfico es un fenómeno complejo y multifacético. Las causas de su existencia y expansión van más allá de la situación económica de una región específica.
Narcotráfico en el sur de España
El Ministerio del Interior emitió en 2023 una orden para prorrogar hasta 2025 el Programa Especial de Seguridad del Campo Gibraltar. Este cuenta con un presupuesto de 36,9 millones de euros y se implementa en toda Andalucía. Los 36,9 millones de euros sirven para financiar el incremento de las plantillas policiales. Además, quieren mejorar la inversión en medios materiales, tecnológicos y de apoyo a las actividades de investigación e inteligencia policial, según ha informado el Ministerio del Interior. El problema del narcotráfico debe afrontarse desde un punto de vista global, no reduciéndolo a la actuación policial en exclusiva, sino con medidas educativas, sociales y económicas, manifiesta un miembro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Desde el punto de vista policial, hacen falta numerosos recursos, humanos y materiales, así como enfocar las investigaciones para atacar el sistema de financiación de las organizaciones criminales para ahogarlas económicamente.
Además, el Gobierno tendría que promover un incremento de las plantillas encargadas de investigar estas actividades delictivas, dotar de equipos adecuados a las tecnologías que emplean las organizaciones criminales, y hacer las reformas legislativas necesarias para atacar a todos los escalones intervinientes en el tráfico de drogas.
«No te voy a negar que el corazón a poco se me sale de la tensión y los nervios de un posible enfrentamiento armado», reconoce un miembro de la UCO
Un miembro de la UCO destaca que el trabajo que ejerce no siempre es fácil, y cada vez las organizaciones de narcotraficantes hacen un uso mayor de armas para protegerse de posibles ataques de adversarios. Esto hace que en sus actuaciones puedan ser confundidos con rivales y tener enfrentamientos con armas de fuego. A pesar de estar preparados para ello, no deja de haber tensiones en algunos momentos y él, en concreto, en una ocasión tuvo que acceder a una vivienda donde no se tenía certeza de cuántas personas había en el interior y si iban armados. La intervención acabó con la detención de tres personas armadas con pistolas y dispuestas a hacer fuego. El agente de la UCO reconoce: «No te voy a negar que el corazón a poco se me sale de la tensión y los nervios de un posible enfrentamiento armado».
Recientemente, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, atendió a los medios tras una reunión mantenida en Cádiz por el IV Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar. Le preguntaron sobre la pérdida del principio de autoridad en la provincia de Cádiz. Pérez respondió que «se empezó a recuperar la autoridad en el momento en el que empezaron a aplicarse las medidas específicas del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar». Además, aclaró que «los problemas que son complejos no tienen soluciones mágicas y conllevan inversiones y un trabajo sostenido en el tiempo». «Lo llevamos realizando desde que llegamos en 2018», concluyó Pérez.