PSOE y PP han comenzado la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la mediación del comisario de Justicia de la Unión Europea (UE), Didier Reynders. La primera reunión entre el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, y Reynders tuvo lugar en Bruselas, el pasado 31 de enero, sin que se produjeran avances significativos.
Reynders ha fijado un plazo de dos meses para resolver el problema, pero se ha mostrado confiado en que se pueda alcanzar un pacto antes de ese límite. Mientras tanto, el CGPJ sigue funcionando con el mandato caducado y con una mayoría conservadora que ha sido cuestionada por sus nombramientos discrecionales de cargos judiciales.
El pasado 22 de diciembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunieron y acordaron que la Comisión Europea iniciara un proceso de mediación para facilitar la renovación del Poder Judicial. El objetivo es buscar una fórmula que garantice la independencia y la autonomía de la judicatura frente a los demás poderes del Estado.
La renovación del CGPJ, órgano de gobierno de los jueces, lleva cinco años bloqueada por los desacuerdos entre el PP y el PSOE, los dos partidos mayoritarios, que deben pactar la designación de los 20 vocales que lo componen. La situación ha generado una crisis institucional y ha provocado la intervención de la Comisión Europea, que ha ofrecido supervisar las negociaciones entre las dos formaciones políticas para facilitar una solución.
El posible acuerdo se enfrenta a las diferencias entre el PP y el PSOE sobre si se debe priorizar la renovación de los vocales o si hay que reformar antes el sistema de elección, que actualmente se basa en el voto de las Cortes Generales. El PP propone que se pacte de forma simultánea la renovación y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los jueces elijan a una parte de los vocales del CGPJ, siguiendo el modelo de otros países europeos. El PSOE, en cambio, rechaza esta propuesta y defiende que el primer paso es la renovación de los vocales, sin condicionarla a una reforma legal que requiere de mayorías parlamentarias.
Renovaciones del gobierno de los jueces en Europa
Alemania: No existe un órgano único de gobierno de los jueces, sino que cada uno de los 16 estados federados (länder) tiene su propio Ministerio de Justicia, que se encarga de nombrar, formar, evaluar y disciplinar a los jueces. El Tribunal Constitucional Federal es el máximo órgano judicial y el encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución. Sus 16 miembros se eligen por un periodo de 12 años, sin posibilidad de reelección, por el Parlamento Federal y el Consejo Federal, que representan a los länder.
Reino Unido: El sistema judicial británico se basa en el derecho consuetudinario (common law), que se aplica de forma diferente en Inglaterra y Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Los jueces son nombrados por una comisión independiente, que propone candidatos al monarca, que los nombra formalmente. El Tribunal Supremo de Reino Unido es el órgano judicial supremo y el último recurso para las causas civiles y penales. Sus 12 miembros se eligen por un comité formado por jueces, abogados y personas ajenas al ámbito jurídico, y deben jubilarse a los 70 años.
Francia: El Consejo Superior de la Magistratura (CSM) es el órgano de gobierno de los jueces, que se divide en dos formaciones: una para los jueces de carrera y otra para los fiscales. El CSM se encarga de nombrar, promover, trasladar y sancionar a los jueces. Está compuesto por 22 miembros, de los cuales 16 son jueces elegidos por sus pares, cuatro son personalidades designadas por el presidente de la República y los presidentes de las cámaras legislativas, y dos son el presidente y el fiscal general del Tribunal de Casación, el más alto tribunal civil y penal. El presidente de la República preside el CSM, pero solo tiene voz y no voto.
Polonia: El órgano de gobierno de los jueces es el Consejo Nacional del Poder Judicial (KRS), compuesto por 25 miembros, de los cuales 23 son nombrados por el Parlamento. Esta reforma, impulsada por el partido gobernante Ley y Justicia, ha sido criticada por la Unión Europea por vulnerar la independencia judicial y el Estado de derecho. El KRS se encarga de proponer al presidente de la República los nombramientos y ascensos de los jueces, así como de ejercer la potestad disciplinaria sobre ellos.
Italia: El Consejo Superior de la Magistratura (CSM) está inspirado en el modelo francés. Está formado por 27 miembros, de los cuales 16 son jueces elegidos por sus pares, ocho son juristas designados por el Parlamento y tres son el presidente de la República, el presidente del Tribunal Supremo y el fiscal general del Tribunal Supremo. El CSM se ocupa de nombrar, trasladar, promover y sancionar a los jueces, así como de garantizar su autonomía e independencia.