La plantilla de profesores de la Universidad pública experimenta una crisis tras la salida de más de la mitad de catedráticos que mantiene hasta hoy en siete años. Además, se prevé la salida, entre el año 2016 al 2023, de 16.300 docentes que constituyen casi el 17% de la plantilla. De ese porcentaje, la mayoría son catedráticos, profesores titulares y no funcionarios como sustitutos o profesores asociados. La situación preocupa a las universidades ya que han vivido el proceso intensamente sin poder hacer mucho por evitarlo.
El cifra monetaria destinada a la investigación universitaria se ha reducido a la mitad en un año.
Los centros universitarios han sido testigos en primera persona de la situación que están viviendo los profesores y no han podido hacer mucho por evitarlo. Una de las razones más importantes ha sido la falta de fondos por parte del gobierno el año pasado. Durante el 2017, la cifra que se destinó para las actividades de investigación fueron de 457 millones, mientras que en 2018, la cantidad disminuyó a 250 millones menos. Esto quiere decir que, en menos de un año, el dinero dirigido al I + D se redujo a la mitad.
También, las escasas tasas de reposición de los jubilados ha afectado a esta situación. Durante 2014, el Ministerio de Hacienda amplió el 50% la tasa de reposición, de manera que los centros universitarios han podido reponer a menos gente de la que hubieran deseado.
La baja cantidad de plazas ofrecidas a los maestros ha sido una causa de la situación que se está sufriendo actualmente. Para intentar solventar la situación, el gobierno del PP aprobó en 2018 anunció 357 nuevas plazas indefinidas para las universidades públicas y, en agosto del mismo año, el gobierno socialista aprobó 996 nuevas plazas de trabajadores, en las que se encuentran profesores, investigadores y trabajos administrativos.
Posibles soluciones para la crisis
El gobierno socialista, que actualmente trabaja con los rectores de los centros públicos una nueva ley universitaria y un estatuto, trata de que los profesores asociados se conviertan, como ya indica la legislación, en profesionales que suplementan su labor principal con la docencia. Actualmente, no ocurre así y la mayoría de estos perfiles son profesionales sin otro trabajo en ese círculo.
Además, quieren que se contrate a un profesor que ejerza de sustituto únicamente cuando la situación lo requiera ya que, en estos momentos, esto se convierte en un cobijo para mantener en nómina además de los precarios. Esto también se daría con la figura del profesor visitante. El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno, Pedro Duque, desea acoger talento internacional mediante este mecanismo y, atraer a estos visitantes ofreciéndoles contratos de cuatro años.
La Comunidad de Madrid o Canarias son algunas de las autonomías más afectadas.
Según fuentes del Ministerio de Educación y CRUE universidades españolas, los centros universitarios públicos de Madrid son los más afectados respecto a esta situación. De 2010 a 2016, la plantilla de profesores ha variado un 17% acrecentando una disminución progresiva.
Canarias también es una de las comunidades autónomas más perjudicadas. En 6 años, se jubilan más de 800 profesores. Además, casi la mitad de docentes e investigadores tienen más de 56 años y casi todos los catedráticos superan los 60. Si no se lleva a cabo ninguna medida para evitar esta situación, en 2025 se jubilaría el 90% de los catedráticos, quiénes tienen más capacidad de atracción respecto a proyectos de investigación. Además, el 50% de los profesores titulares también desaparecerían.