El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez anunció, el 18 de marzo, en un comunicado oficial, su posicionamiento a favor de Marruecos en el conflicto del Sáhara Occidental. El apoyo del Gobierno de España al plan de autonomía marroquí ha provocado la respuesta de la Organización de Naciones Unidas. La institución ha recordado que esta situación debe solucionarse mediante un “compromiso pleno (de las partes) con el proceso político facilitado por la ONU”.
Según la agencia Efe, Stéphane Dujarric, el portavoz de la ONU, imploró a todos los países con intereses en el conflicto a apoyar a Staffan de Mistura, enviado personal para el Sáhara, cuyo objetivo es reanudar el proceso de negociación entre los participantes.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó, en octubre, una actualizada resolución para hacer frente a este escenario en la que se apoyaba “una solución realista, viable, duradera, aceptable por las partes y basada en la avenencia que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de las disposiciones conformes a los principios y propósitos de la carta de Naciones Unidas”
Sin embargo, la Unión Europea ha respaldado la decisión de Sánchez y lo considera “beneficioso” para las relaciones con Rabat. Nabila Massrali, portavoz de Asuntos Exteriores y Política Exterior de la UE, así lo ha expresado este lunes: “La Unión Europea saluda todos los desarrollos positivos de las relaciones bilaterales entre los estados miembros y Marruecos”. Massrali también ha señalado que “toda solución ha de reposar en un compromiso de conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”.
La Casa Real de Marruecos ha explicado que “España considera la iniciativa de autonomía marroquí, presentada en 2007, como la base más seria, realista y creíble para resolver este diferendo”.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, califica los acuerdos bilaterales con Marruecos como “el inicio de una nueva etapa en la relación de estos países basada en el respeto mutuo, el cumplimiento de los acuerdos, la ausencia de acciones unilaterales y la transparencia y comunicación permanente”.
Tanto José Manuel Albares como Pedro Sánchez viajarán a Rabat para confirmar que ambos países consideran que la crisis diplomática del Sahara está superada. El ministro de Exteriores irá a la capital, antes del 2 de abril, y después lo hará Sánchez, en un intento por confirmar que ambos países dan por superada la crisis diplomática.
Plan marroquí
Marruecos ha decidido, mediante su propuesta, delegar competencias a la población saharaui. Entre ellas, se encuentran la administración, jurisdicción y judicial, así como las recogidas en los ámbitos económicos, tributarios, de infraestructuras, sociales y culturales. Sin embargo, los poderes de defensa, exteriores, moneda, bandera y religión continuarían siendo competencias del Estado central.
Además, el Sahara Occidental tendría un gobierno y presidente elegido por el rey, con una previa elección por parte del Parlamento. El texto afirma que “el Estado marroquí, a través de esta iniciativa, garantiza a los saharauis, tanto los que están dentro como fuera, su posición y su pleno papel en las diferentes instancias e instituciones de la región, fuera de cualquier discriminación o exclusión”. Asimismo, declara que “los habitantes del Sahara, de forma democrática, pueden autogestionar sus instancias legislativas y ejecutivas y tendrán los recursos financieros necesarios para el desarrollo de la región en todos los niveles”.
La posición de Argelia
Argelia, parte clave del conflicto, es suministrador de casi la mitad del gas de España y contribuye a controlar la inmigración. Tras el anuncio de Sánchez, Argelia declaró que estaba “muy sorprendida” por el “brusco giro” de España.
El 19 de marzo, Argel llamó a consultas a su embajador en Madrid, Said Moussi, quien se retiró tras la carta de la Casa Real de Marruecos. Argelia es el principal aliado del Frente Polisario, que defiende un referéndum de autodeterminación para que el pueblo del Sahara Occidental decida su destino. Fuentes cercanas al conflicto del Sahara Occidental declaran que esta acción del Gobierno español es “una segunda traición histórica de Madrid hacia el pueblo saharaui, después del funesto acuerdo de 1975”, según la TSA (Tout sur l’Algérie).
Sin embargo, fuentes gubernamentales han asegurado que el Gobierno argelino había sido informado previamente de la decisión: “El Gobierno español informó previamente al argelino sobre la posición en relación al Sáhara. Para España, Argelia es un socio estratégico, prioritario y fiable con el que pretendemos mantener una relación privilegiada”.