Venezuela se aleja de los pilares más básicos de cualquier democracia. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió este jueves que asumirá las competencias del Parlamento, controlado por los opositores, en vista de la persistencia del «desacato», un estatus que el Supremo impuso el año pasado a la Cámara por el incumplimiento de varias sentencias.
«Mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho», destaca una sentencia de dicha sala.
Cuatro abogadas solicitaron al Supremo que se pronunciara sobre las competencias del Parlamento respecto a un artículo constitucional y otro de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
La medida adoptada por el Tribunal Supremo, controlado por el presidente Nicolás Maduro, surgió en respuesta a un recurso de interpretación en el que cuatro abogadas pidieron al Supremo analizar el alcance de un artículo constitucional y otro de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
Dicha ley indica que el Parlamento podrá modificar las condiciones propuestas o establecer las que considere convenientes, y que cualquier cambio posterior también deberá ser sometido a la evaluación de la Cámara. Sin embargo, el Supremo resolvió este jueves que «no existe impedimento alguno» para que el Ejecutivo tome decisiones en esta materia de forma unilateral.