El Parlament de Cataluña ha aprobado la enmienda adicional 31 de los Presupuestos de la Generalitat para 2017. Según esta, la comunidad destinará fondos a la consulta ilegal que el Govern pretende realizar en septiembre. Los 62 votos de Junts pel Sí y los nueve de la CUP, además del de la diputada de Cataluña Sí que es Pot Àngels Martínez (ha roto la disciplina de voto), han hecho posible la ratificación de la reforma.
Esta enmienda permite “habilitar las partidas para garantizar los recursos necesarios en materia de organización y gestión para hacer frente al proceso refrendario sobre el futuro político de Cataluña”. Los servicios jurídicos de la Cámara, en concreto, el secretario general, Xavier Muro, y el letrado mayor, Antoni Bayona, han repartido a todos los grupos un comunicado en el que afirman que la votación es ilegal: “La votación de la disposición adicional 31 está afectada por la declaración de nulidad que establece el apartado primero de la interlocutoria de 14 de febrero del Tribunal Constitucional”.
Parte de la oposición, Ciudadanos, PPC y PSC, no ha votado la enmienda y se ha mantenido con las manos levantadas durante el sufragio. En cambio, Cataluña Sí que es Pot sí ha votado, pero en contra (excepto la diputada díscola Martínez). Los partidos que no han participado han criticado que el comunicado de Muro y Bayona no se haya estudiado en la Mesa del Parlament.
Los diputados de Ciudadanos, PPC y PSC han intentado llevar a este órgano el análisis del comunicado, ya que advertía de “las responsabilidades que se derivarían” de la votación. La presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, ha rechazado esta opción. Por ello, los miembros de la oposición han tratado de convocar a la Junta de Portavoces, también sin éxito, pues la dirigente del Parlament ha argumentado que la votación empezaba en ese momento y que, según el reglamento, no está permitido interrumpirla.
La oposición no se queda callada y sube el tono
El diputado de Cataluña Sí que es Pot Joan Coscubiela se ha dirigido a Forcadell y le ha reprochado su actuación: «Presidenta, le queremos decir una cosa: necesitamos a la presidenta de presidenta, no de mártir”. Asimismo, el miembro de Ciudadanos Carlos Carrizosa ha afirmado que su formación lamenta “profundísimamente” que los partidos independentistas “estén llevando a los catalanes al bloqueo de sus instituciones».
El diputado del PPC Santiago Rodríguez ha querido remarcar quién tiene la culpa de aprobar enmiendas inconstitucionales: «Que nadie se equivoque con las responsabilidades de lo que hacemos. No son de los letrados, ni de la oposición, ni del TC, sino de los que provocan que pase lo que pasa. No puede ser un privilegio que los políticos ignoremos las leyes. En democracia las leyes se cumplen, o se cambian; los que fuerzan las leyes para saltárselas es que no son demócratas».
El líder del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado que defenderán “hasta el final el funcionamiento correcto de las instituciones catalanas”. Asimismo, ha declarado que pedirán “auxilio” al letrado jurídico del Parlament y que solicitarán un informe judicial, ya que lo consideran “absolutamente imprescindible”.
Por su parte, el portavoz del Govern, Jordi Turull, ha apuntado que el comunicado de Muro y Bayona “no es ni preceptivo ni vinculante”. Además, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha expresado que el Gobierno catalán está a favor de que los diputados manifiesten “libremente su opinión a través de su voto”. La diputada de la CUP Anna Gabriel se ha dirigido a los letrados para afirmar que son “plenamente conscientes” de lo que hacen: “No hemos venido a saquear el erario público, sino a hacer política, y lo haremos sin pedir permiso ni perdón».