Después de 40 años… poco que celebrar

- Desmarcar - 3 de diciembre de 2018

Vaya por delante que acato hasta su último punto la Constitución Española actual. Soy demócrata y eso pasa por acatar la Ley y, si no gusta, actuar, siempre dentro de los cauces que esa misma ley prevé, para modificarla o en su caso derogarla. En los tiempos que corren, parece que esto es pertinente aclararlo. Pero el cuadragésimo aniversario de tan importante texto invita a reflexionar sobre el mismo.

En general observo que la mayoría, o al menos mucha gente, celebra este cumpleaños. No digo que no haya algo que celebrar, en concreto que este texto constitucional sirvió para que, por fin, hubiera un consenso entre los españoles, superáramos conflictos demasiado dolorosos de la reciente historia de España y fuéramos capaces de aceptar una nueva organización política del Estado que la inmensa mayoría de los españoles aceptaron. Pero eso fue en 1978 y para la España de 1978 que, me parece innegable, es bastante distinta a la actual.

«La Constitución Canovista fue útil para conseguir un cuarto de siglo de bastante estabilidad y una clara mejora de la situación de España».

De entrada, un repaso a la historia reciente. Un siglo antes de la aprobación de la actual Constitución se elaboró y se aprobó la que ha sido hasta la fecha la Carta Magna de más larga vida de la Historia de España, la de la Restauración Canovista. Aquella fue muy útil, muy válida para conseguir un cuarto de siglo de bastante estabilidad y una clara mejora de la situación de España. Ello posibilitó la aparición de nuevas realidades sociales, políticas y económicas que cambiaron sustantivamente, y creo que para mejor, la realidad patria de comienzos del siglo XX. Pero a partir de entonces, casi todo fue a peor: la “Crisis de la Restauración”. Las razones fueron muchas, pero una de ellas, indudablemente, fue la rigidez de un marco legal constitucional diseñado en 1876 que no fue modificado o directamente sustituido por otro más acorde a las nuevas realidades de España del primer tercio del siglo XX. ¿Por qué empecinarse en superar el récord de la Constitución de 1876 que se vio sobrepasada por los acontecimientos?

Ya centrados en la Constitución actual es pertinente reflexionar sobre el presente. Según datos oficiales del INE, España contaba a finales de 1978 con poco más de 37 millones de ciudadanos, y hoy nos acercamos a los 47 millones. De estos, únicamente el 27’7% cuenta con 58 años o más, es decir, pudo participar en el referéndum del 6 de diciembre de 1978; por tanto, el 72,3% de los españoles de hoy no han podido hacer valer su opinión acerca de la actual ley de leyes de España. Si excluimos a los menores de edad, porque tampoco hoy podrían participar en un referéndum, resulta que dos de cada tres españoles mayores de 18 años de 2018 (el 65,44%) no pudieron votar en 1978, bien porque no habían nacido o porque, como el que suscribe, no alcanzaba la edad exigida para votar en aquella fecha. Pues, qué quieren que les diga, a mí me parece muy poco serio que una gran mayoría de los españoles de 2018 (y creciente cada día que pasa) no hayamos podido expresar nuestra posición ante la ley fundamental, el marco que lo regula todo: si queremos monarquía o república, si preferimos el modelo parlamentario o uno más presidencialista, si nos gusta el sistema descentralizado autonómico o preferimos uno más centralista, si consideramos que los derechos y deberes fundamentales de los españoles están bien protegidos con el texto constitucional actual tal y como hoy están formulados o se han revelado como insuficientes, si se cumple la separación de poderes o está cuestionada, etc.

Me sorprende escuchar frecuentemente que en 1978 se alcanzó un consenso que hoy no es posible. Pues resulta que aquellos de 1978 lograron el tan aludido consenso y, ojo, bastantes de ellos habían combatido unos contra otros, a muerte, en los campos de batalla; otros muchos no llegaron a combatir por ser niños, pero sufrieron el desgarro y el enfrentamiento, en ocasiones en el seno de la misma familia, en su entorno inmediato, y el resto creció y se educó en una dictadura, producto de aquella guerra, y que se empecinó reiteradamente en mantener vivo el recuerdo de aquella tragedia como un elemento legitimador más, su victoria, de ese Régimen. Todo ello era así y con esos condicionantes, en 1978 se sentaron, hablaron, negociaron, consensuaron y aprobaron. ¿Por qué 43 años después de la Dictadura y 80 años después de aquella terrible Guerra Civil, se asegura, indubitablemente, que no vamos a ser capaces los españoles de comienzos del siglo XXI de alcanzar un consenso similar cuando, además, no tenemos aquellas dificultades citadas? ¿Es que como aquel consenso fue muy complicado, que lo fue, vamos a tener que estar con esta Constitución hasta el final de los tiempos?

«El artículo 6 ha convertido España en una partitocracia».

Pues yo me rebelo contra esa resignación porque quiero poder opinar sobre cómo quiero que se articule el Estado y se organice España, ya que no pude en 1978, y también, por qué no decirlo, porque a mí la Constitución vigente no me gusta en partes que considero fundamentales de su contenido, me parece obsoleta en otros y considero que ha manifestado lo equivocado de sus planteamientos en otros.

Vayamos al grano.

El artículo 6 ha convertido España en una partitocracia: la soberanía nacional se encuentra encorsetada en unas estructuras rígidas de partido y el ciudadano se ve obligado a votar unas candidaturas cerradas establecidas por otros en las que él poco o nada puede participar. La democracia no es tal. Además, el bloqueo político del año 2016 puso de manifiesto un «agujero» de la Constitución ante una situación irresoluble porque los artículos 62, 64 y 99 no permiten que el Rey pudiera ejercer un papel arbitral y facilitar el desbloqueo…como, de hecho, muchas voces le pedían al pobre monarca ignorando que nada podía hacer. O esta misma Constitución, al decantarse radicalmente por un modelo parlamentario, ha permitido que, con toda legitimidad constitucional, tengamos un presidente de Gobierno que se apoya únicamente en un cuarto del total de diputados y parece que a muchos esto no les gusta. Pues que lo recuerden quienes celebran con tanto entusiasmo el “cumpleaños” de la Carta Magna que lo posibilita.

Podemos recordar, además, que el más importante de los derechos fundamentales de los españoles, el de la vida, nuestra constitución lo defiende con tanta ambigüedad en su artículo 15 que ha permitido que desde 1985 se haya asesinado legalmente a más de dos millones de españoles antes de nacer. O que un artículo 32 que afirma que «el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica» llamado así a proteger la principal institución de la sociedad que es la familia, no se cumple y no la protege pues desde hace unos años un gobierno y unos parlamentarios que lo apoyaron decidieron que la unión de dos personas del mismo sexo puede ser un matrimonio. Y parece que ese absurdo que es contrario a la realidad de las cosas lo permite esta Constitución.

Y más… La separación de poderes, esencial en una democracia, en España es cuestionada porque el artículo 122 establece unos mecanismos para la configuración del Consejo General del Poder Judicial y su funcionamiento han posibilitado que la independencia de este poder del Estado esté más que cuestionada, y lo hemos vuelto a comprobar, en el último mes.

«Quiero un Estado centralizado fuerte que recupere las competencias plenas sobre la educación, la sanidad y la representación y la política exterior».

En cuanto a la estructura del Estado muchos (y la irrupción de VOX en Andalucía lo corrobora en mi opinión) cuestionan o rechazan de plano el modelo autonómico que el Título VIII diseña para España. Parece claro que esa apuesta descentralizadora de 1978 ha generado, por un lado, un Estado que no podemos pagar, es decir, un Estado excesivamente caro. Por otro lado, un Estado en que no hay igualdad entre los territorios (basta con citar el conocido “cupo vasco”) porque se constata que el artículo 138, en especial su punto 2, no se cumple, o que el artículo 139 y 149, en relación con los artículos 3.1 (sobre el castellano) y 27 (sobre el derecho a la educación), no se respetan cuando observamos que hay niños que no pueden recibir educación en el idioma oficial de España, o que el artículo 149 tampoco se cumple cuando gobiernos como el autonómico catalán mantiene abiertas simulacros de embajadas fuera de España… Todo esto sucede, y no pasa nada. Y, por último, lo que me parece absolutamente inaceptable en nuestra Constitución es la “Disposición Transitoria” cuarta en la que, dando una enorme “patada a la Historia”, se plantea la posibilidad de que pudiera decidirse mediante referéndum incorporar Navarra al País Vasco, lo cual es ignorar la realidad histórica de ambos territorios. Por todo ello, yo quiero un Estado centralizado fuerte que recupere las competencias plenas sobre la educación, la sanidad y la representación y la política exterior al menos. Así, el Título VIII y esa disposición transitoria también me generan disgusto con esta constitución.

Y escrito todo lo anterior, vuelvo al principio. A pesar de todo –reitero- acato y acataré esta Constitución mientras esté vigente y mientras no se cambie, por mecanismos democráticos y por tanto legítimos. Pero con la misma energía levanto mi voz porque esta Constitución no me gusta, no se cumple en varios puntos fundamentales, no funciona en otros aspectos fundamentales y su redacción no me parece adecuada a la España de comienzos del siglo XXI. Por consiguiente, no estoy por la labor de aceptarla como tal “por los siglos de los siglos”… con la “excusa”, en mi opinión muy poco fundada, de que nunca hallaremos el consenso de 1978. Yo celebro que hace cuarenta años sirviera para superar una delicada –porque lo era- situación política y sirviera para evitar y/o superar no tan lejanos trágicos enfrentamientos. Pero eso ya pasó. Y fuera de ese recuerdo positivo (que es verdad que no es poco), yo no tengo nada que celebrar. Confío en que pronto pueda celebrar una nueva Constitución para España más democrática que la actual porque, como español mayor de edad quiero que me dejen opinar sobre qué modelo de estado democrático quiero para mi patria.

Javier Cervera es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Francisco de Vitoria.