El CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) y las asociaciones Plena Inclusión y Down España han organizado una manifestación frente al Tribunal Constitucional en Madrid para reivindicar el derecho a voto de las personas con discapacidad.
Esta propuesta surge tras la sentencia del Tribunal Supremo en el caso de Mara Caamaño, una joven gallega de 20 años. El juez decidió negarle el derecho a votar debido a que su discapacidad intelectual no le permite conocer el sistema electoral español.
Cerca de 100.000 no pueden votar en España por nulidad en su derecho a voto.
Según las propias organizaciones, casi 100.000 personas discapacitadas no tienen permitido votar en España en ningún tipo de elecciones. A pesar de esto, Plena Inclusión recordó que la Ley Orgánica del Régimen Electoral (Loreg) no deniega el derecho a voto a los discapacitados, pero que, por medio de una sentencia, un juez puede declarar a un deficiente incapaz de votar.
Esta medida se alcanza en muchos casos ya que los padres suelen solicitar la incapacitación de su descendencia para proteger sus bienes materiales pasada la mayoría de edad. Plena Inclusión afirmó durante la manifestación que muchos progenitores no están informados de que esa sentencia también anula el derecho a voto de sus hijos.
Junto con esto, también se recriminó que no se distribuyan papeletas en braille para personas con discapacidad visual.
Fabián Cámara, presidente de Down España, declaró durante el acto que este tipo de sentencias eran “interpretativas” y que mientras la ley electoral contenga restricciones serán necesarias. “No queremos interpretaciones”, concluyó Cámara.
Según el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, esta situación incumple los artículos del Convenio de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Actualmente, los jueces realizan un examen en el que se mide la discapacidad de la persona para determinar si es apta para votar o no. Los convocantes de la manifestación defendieron que la mayoría de ciudadanos no podrían contestar correctamente a las preguntas, aunque tampoco hay un examen general para todos los casos.
Además, afirmaron que este tipo de casos incumplen “varios” artículos de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entre ellos, el artículo 29 que enuncia así: “Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con los demás”.