“Hemos encontrado un equilibrio entre opiniones fundamentalmente diferentes a la hora de apoyar el camino hacia la descarbonización”, declaró la comisaria de Servicios Financieros, Mairead McGuinness, en la rueda de prensa del miércoles 3 de febrero, al presentar la propuesta. La comisaria insistió en la importancia de cumplir con la transición ecológica y “abandonar cuanto antes” las energías no renovables.
La “taxonomía de finanzas sostenibles” nació como un proyecto que ofrecería una guía sobre la clasificación de los diferentes tipos de energía y, por lo tanto, una guía para los inversores que destinan fondos a proyectos energéticos, en parte, en base a su sostenibilidad. Greenpeace interpreta la inclusión de este tipo de energías en la taxonomía como “un intento de robo” a las energías limpias, que perderán inversiones del sector privado.
Voces en contra
El Gobierno de Austria denunciará ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la nueva clasificación de la energía nuclear y el gas de la CE. La ministra austríaca de Medio Ambiente, Leonore Gewessler, anunció que Austria trabaja en un recurso de nulidad contra la nueva lista de las energías. Además, otros países como Luxemburgo y Dinamarca han alineado sus posturas con Austria.
La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha respondido que España “es firme defensora de la taxonomía verde como instrumento clave para contar con referencias comunes que puedan ser usadas por inversores para lograr la descarbonización de la economía y alcanzar la neutralidad climática en 2050”, pero señala la energía nuclear y el gas como algo limitado en el tiempo.
“No tiene sentido y manda señales erróneas para la transición energética del conjunto de la UE”, además, Ribera afirma que la sentencia “supondría un paso atrás”. Bruselas ha establecido condiciones y obligaciones de transparencia a las inversiones en estas energías. Las inversiones destinadas a la energía nuclear serán consideradas verdes si han recibido los permisos antes de 2045 y se encuentran en un país que tiene un plan y fondos para eliminar los desechos radioactivos para 2050.
En lo referente al gas, podrán conseguir la consideración de “verde” las plantas que emitan menos de 270 grmaos de CO2 por kWh hasta 2031 o menos de 100 gramos en el conjunto de su vida útil. A partir de 2035 las plantas deberán funcionar con alternativas de baja emisión, detalla la CE en un comunicado