El expresidente francés Nicolas Sarkozy ha sido condenado este lunes a tres años de prisión por corrupción y tráfico de influencias, por el conocido como caso de las escuchas. Es el primer exinquilino del Elíseo que se ha sentado en el banquillo de los acusados.
Sarkozy sigue defendiendo su inocencia, y afirma que ha sido «víctima de un encarnizamiento judicial sin fundamentos» durante los últimos seis años. Sus seguidores más fieles también comparten esta hipótesis.
El juicio tuvo lugar entre noviembre y diciembre pasados, y generó una gran expectación: nunca antes un expresidente se había sentado en el banquillo de los acusados. Lo más cercano fue en 2011, cuando el por aquel entonces alcalde de París Jacques Chirac fue condenado a dos años de cárcel –aunque exentos de cumplimiento– por desviación de fondos públicos durante su etapa en la Alcaldía. Sin embargo, Chirac nunca llegó a acudir al juicio por problemas de salud –padecía demencia, y murió ocho años después–.
«20 años como diputado, 20 años como alcalde, siete años como ministro y cinco como presidente. ¡Jamás he traficado!», declaró Sarkozy en su alegato de defensa durante el juicio, el pasado diciembre. También afirmó que “solo cinco” de las más de 3.000 conversaciones escuchadas son problemáticas. Durante el juicio, también dijo que, aunque el proceso estaba siendo “un camino de cruces”, estaba dispuesto a aceptarlo si era “el precio a pagar por saber la verdad”. “Aún tengo confianza en la Justicia de este país”, concluyó.
El caso Paul Bismuth
El caso Paul Bismuth, también conocido como caso de las escuchas, hace referencia a unas conversaciones telefónicas que mantuvieron Nicolás Sarkozy y su abogado, Thierry Herzog, en 2014. En ellas, supuestamente, hablaban sobre cómo le habían ofrecido a Gilbert Azibert un empleo en el Consejo de Estado de Mónaco y, a cambio, este les habría dado información confidencial sobre otro proceso judicial contra el expresidente: el caso Bettencourt, ya cerrado y en el que acabó absuelto.
El nombre de Paul Bismuth hace referencia a una línea secreta que Sarkozy tenía para comunicarse con su abogado. Los investigadores descubrieron esta línea telefónica gracias a que, en 2007, la Justicia puso al expresidente bajo escucha telefónica para investigar la presunta financiación irregular de sus elecciones con dinero libio.
Los tres imputados han defendido desde el principio del proceso que el intercambio nunca se llegó a producir y, por tanto, la acusación no tiene fundamentos. Sin embargo, y a pesar de que las autoridades de Mónaco afirman que nunca se les contactó por este asunto, la Fiscalía considera que hubo voluntad de corromper, aunque nunca se llevara a cabo la transacción.