El rey emérito reside actualmente en Emiratos Árabes Unidos. FOTO: casareal.es
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, firmó un decreto el martes 3 de noviembre en el cual establece que la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada deberá remitir “con efectos inmediatos” a la Fiscalía del Tribunal Supremo las diligencias relativas a las nuevas pesquisas sobre las actividades financieras de Juan Carlos de Borbón.
Este decreto llegó horas después de que el periódico digital eldiario.es publicase, en exclusiva, información acerca de la investigación que la Fiscalía Anticorrupción estaba llevando a cabo sobre los movimientos y los activos financieros del rey emérito. La noticia, obra del periodista y director de eldiario.es, Ignacio Escolar, y del periodista encargado en temas judiciales y de seguridad, Pedro Águeda, informaba de que la investigación de Anticorrupción se centraba, principalmente, en los gastos vinculados a varias tarjetas de crédito propiedad de la familia real. Unas tarjetas que, de acuerdo con eldiario.es, están vinculadas a fondos extranjeros y cuentas bancarias en las que los reyes eméritos no figuran como titulares. Las tarjetas eran usadas tanto por el rey Juan Carlos, como por la reina Sofía, además de por otros miembros de la familia real cuyas identidades no se han concretado. Sin embargo, según apuntan desde este medio, ni los actuales reyes, Felipe y Letizia, ni sus hijas, Leonor y Sofía, estarían implicados en el caso.
eldiario.es señala que desde la Fiscalía Anticorrupción se están analizando los gastos de estas tarjetas y el origen de los fondos extranjeros de los que procede el dinero. En principio, hay señales de presunto delito fiscal por incrementos de renta no declarados superiores a 120.000 euros en un solo ejercicio, aunque aún quedan por esclarecer aspectos de la investigación. Los movimientos y gastos realizados con estas tarjetas opacas, que desde eldiario.es definen como “importantes movimientos de capital”, datan de los años 2016, 2017 y 2018, es decir, se realizaron en los años posteriores a la abdicación del rey en 2014, por lo que, en este caso, Juan Carlos no dispone del amparo de la inviolabilidad constitucional que hasta el día de su renuncia al trono le protegía en caso de ser juzgado.
La pesquisa que inició Anticorrupción en el año 2019 tras un aviso procedente del Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), y que motivó la apertura de diligencias de investigación en el caso, también ha sacado a escena las figuras de Nicolás Murga Mendoza y de Allen de Jesús Sanginés-Krause. El primero fue el ayudante de campo y hombre de confianza del rey emérito, mientras que el segundo es un millonario mexicano, amigo y colaborador del rey Juan Carlos.
Según Dolores Delgado y Alejandro Luzón, la investigación se encuentra en fase «embrionaria».
Es Murga Mendoza el que aparece como testaferro del dinero que Sanginés-Krause, presuntamente, puso a disposición de la familia real para gastos personales, como los viajes a Londres de la reina Sofía. A partir de esta conexión, varios medios se han hecho eco del asesoramiento que Álvaro de Orleans, primo del rey emérito, brindó al grupo empresarial OHL, en 2009, a la hora de comprar unos terrenos en México para construir un resort a cambio de 4,6 millones de euros. Posteriormente, este complejo vacacional fue comprado por Sanginés-Krause por una cifra cercana a los 470 millones de euros. De esta forma, las sospechas de Anticorrupción mantienen relación con la investigación suiza sobre las sociedades ocultas y los supuestos testaferros del rey que está en manos del fiscal suizo Yves Bertossa desde 2018.
Sanginés-Krause era un amigo íntimo de la familia real. FOTO: casareal.es
No obstante, en una comparecencia el pasado viernes 6 de noviembre, Dolores Delgado y Alejandro Luzón, fiscal jefe de Anticorrupción, aseguraron que la investigación se encuentra en una fase “embrionaria” y que “aún debe esclarecerse el alcance temporal» de esta.
En cualquier caso, la Justicia Española ya ha solicitado comisiones rogatorias a varios países con el fin de obtener más documentación y pruebas que favorezcan el desarrollo y conclusión de una investigación de la que la que el Gobierno no ha querido hacer valoraciones. En palabras de la ministra portavoz, María Jesús Montero, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, “el Gobierno no va a hacer ningún comentario sobre investigaciones judiciales” y destacó el papel del Ejecutivo como “claro colaborador con la Justicia bajo compromiso de perseguir la ejemplaridad y la transparencia de todas las instituciones del Estado”. Además, recordó que “no ha habido información por parte de la Casa Real”.
????EN DIRECTO
Rueda de prensa de la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, el ministro de @mapagob, Luis Planas, y el ministro de @consumogob, Alberto Garzón, para informar sobre los acuerdos del Consejo de Ministros.#CMin https://t.co/8U2b1BACxJ— La Moncloa (@desdelamoncloa) November 3, 2020
La Fiscalía, ante las filtraciones
Según el gabinete de prensa del Ministerio Fiscal, en esa misma comparecencia, Dolores Delgado quiso hacer referencia a las filtraciones que se han producido y que han permitido a los medios de comunicación difundir información, en un principio, de ámbito reservado. La fiscal general ha declarado que la Fiscalía General no puede permanecer “pasiva” ante estas fugas de información y advirtió de que estas pueden conllevar delitos penales. El 29 de octubre, la Fiscalía General del Estado abrió diligencias de carácter gubernamental para determinar el origen de la posible filtración de información.
El rey Juan Carlos vuelve a ser investigado
No es la primera vez que el rey Juan Carlos se ve envuelto en la polémica por sus obligaciones fiscales. A esta nueva investigación se le suman la investigación suiza y la investigación judicial abierta por Anticorrupción el pasado mes de junio, por las presuntas comisiones que el rey emérito recibió de Arabia Saudí entre los años 2008 y 2012 por las adjudicaciones del AVE a La Meca, valoradas en alrededor de 65 millones de euros. Pese a ello, el fiscal encargado de este último caso, Juan Ignacio Campos, sopesa archivar el sumario en las próximas semanas al considerar que no hay indicios de delito. Es a Campos, a quien se le ha designado la investigación de las tarjetas opacas de la familia real, que será instruida en la Sala Segunda del Tribunal Supremo por el equipo de fiscales del Alto Tribunal al que Campos pertenece.