El Pleno del Congreso de los Diputados tuvo ocasión de deliberar y votar, el 13 de noviembre, una nueva proposición de ley presentada por el Partido Popular, la primera de la era Casado, titulada oficialmente como Ley de la Defensa de la Convivencia Social, Neutralidad Institucional y sobre los Símbolos Nacionales y conocida como Ley de Símbolos. Fue rechazada por no alcanzar los apoyos necesarios.
Ciudadanos, pese a calificar la iniciativa de «demagógica» y «electoralista», le brindó su apoyo, pero su «sí» no fue suficiente, ya que el «no» sumó los votos de los diputados de PSOE, Podemos, EH Bildu, ERC, Compromís, PDECat y PNV. Los portavoces de Podemos y de los grupos independentistas atribuyeron a la proposición los rasgos del fascismo y la calificaron como «medida represiva» y «gesticulación franquista». En la misma línea, la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, mostró su rechazo a la proposición por considerarla «un juego de las derechas», y también aprovechó para recordar al Grupo Popular que el Código Penal ya ampara los símbolos nacionales.
Durante la sesión, Dolors Montserrat, portavoz del PP, instó al PSOE a apoyar la iniciativa legislativa de su grupo, e hizo un llamamiento a la bancada socialista para recordar que quienes llevan lazo están señalando a los que no lo llevan, y en Cataluña no hay una rebaja de la tensión, hay miedo y hay un silencio fruto de la coacción. Asimismo, destacó: «Los catalanes necesitamos esa oportunidad que dé por finiquitado el proceso separatista, que solo ha conseguido abrir franjas de incomprensión entre familiares, amigos y compañeros. Esa oportunidad solo llegará con una regeneración democrática de las instituciones catalanas». La portavoz del Grupo Popular también arremetió contra el PSOE, lo tachó de ser un partido anti-democrático y sentenció: «Si dicen no, serán unos traidores».
Objetivos de la Proposición de Ley de Símbolos
El objetivo principal de la proposición era: «Garantizar un espacio público respetuoso con los principios y valores constitucionales y proteger nuestros símbolos nacionales: la Corona, las banderas (de España y autonómicas), el himno y el escudo constitucional, así como los símbolos oficiales de la UE, autonómicos, locales o forales». Con esta iniciativa se pretendía también garantizar un espacio público respetuoso con los valores constitucionales, evitar la impunidad de conductas como las pitadas contra el himno de España o la quema de imágenes del jefe del Estado, desarrollar los mandatos constitucionales y actualizar algunas normas que entraron en vigor en 1981.
Esta iniciativa hubiera afectado, de aprobarse, a las autoridades y empleados públicos que vulnerasen los deberes de objetividad y neutralidad. Ninguno de ellos podría portar el lazo amarillo durante el ejercicio de su actividad o profesión por su significación política, hecho que no se permite como ha dictaminado el Tribunal Supremo (STS de 28 de abril de 2016).