El juicio por los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) ha vivido las comparecencias de los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán. «Sabía que se daban ayudas para grandes crisis, pero no cómo», ha declarado Chaves
Entre 2001 y 2010, el Gobierno andaluz repartió un total de 855 millones de euros, teóricamente, destinados al respaldo económico de empresas con problemas, para financiar sus prejubilaciones y despidos. Tanto Manuel Chaves como su homólogo, Jose Antonio Griñán, imputados en este presunto fraude fiscal, han culpado al sistema, argumentan no haber tenido nunca constancia de los informes de la Intervención General y, por tanto, no haber estado al corriente de las irregularidades.
Manuel Chaves ocupó el cargo de presidente entre 1990 y 2009, aunque cuando se conoció este asunto, en 2011, era el vicepresidente del Gobierno central. El caso de los ERE estalló a raíz de una investigación por corrupción de la empresa sevillana Mercasevilla, en la que fueron descubiertas varias prejubilaciones aparentemente fraudulentas. La juez Mercedes Alaya y el Tribunal del Estado son las dos autoridades a cargo de la investigación.
Al margen de las comparecencias de Chaves y Griñán, hay 20 imputados más en la rama política de los ERE, además de 150 testigos y casi una docena de peritos que han sido llamados a declarar.
El exsecretario de Empleo Juan Francisco Sánchez ha reconocido que los expedientes con las irregularidades pasaron por sus manos para archivarlos. Sin embargo, al no ser él el destinatario, nunca estuvo al corriente de su contenido.
Por ahora, el único acusado que se enfrenta a una pena de cárcel, es Jose Antonio Griñón, por un delito de malversación. Los otros 21 imputados, entre los que se encuentra Chaves, tendrían una pena máxima de 10 años de inhabilitación. Aunque todavía sin culpables conocidos, el caso de los ERE fraudulentos avanza despacio bajo el argumento general de que nadie tuvo nunca constancia de nada.