El Gobierno británico advierte del peligro de un ‘Brexit’ duro

- Desmarcar - 14 de septiembre de 2019
Boris Johnson en la sesión parlamentaria | Fotografía: UK PARLIAMENT Flickr

El Gobierno británico ha hecho público el documento Operación Yellowhammer, cinco páginas en las que se resumen las posibles situaciones más catastróficas en caso de un Brexit sin acuerdo. Entre ellas, escasez y subidas de precio en algunos productos, imposición de controles en fronteras y un impacto negativo en la economía de Gibraltar.

Tras ser publicado ya parte del informe en The Sunday Times, el pasado mes de agosto, Downing Street ha sucumbido a la moción propuesta y aceptada en el Parlamento por Dominic Grieve, del Partido Conservador, que solicitaba al Ejecutivo la publicación del escrito al completo.

Escasez, disturbios y Gibraltar
Las posibles consecuencias afectarían al país británico de una manera global, tanto en economía como en asuntos de sociedad. Al salir de la Unión Europea sin acuerdo, Reino Unido perdería todos los derechos que la institución ofrece a sus miembros. Las relaciones con determinados países se crisparían, aunque, según recalca el informe gubernamental, “algunos países podrían ser más comprensivos”.

En cuanto al tráfico de mercancías, podrían imponerse controles exhaustivos que llevarían a grandes interrupciones que “podrían durar hasta tres meses” en el Canal de la Mancha, principal vía de comercio entre Gran Bretaña y el resto de Europa. En concreto, en el estrecho de Kent, donde el Gobierno prevé que “Francia impondrá controles obligatorios sobre los bienes procedentes de Reino Unido”.

La población de Gibraltar también sufriría la repercusión por el endurecimiento de estas inspecciones fronterizas, con un menor abastecimiento de alimentación y medicinas, y la subida de precios, que afectaría a los sectores más vulnerables de la sociedad. El texto apunta también que las autoridades gibraltareñas no disponen aún de las infraestructuras necesarias para afrontar un Brexit brusco.

El documento concluye con una prevención de posibles protestas que acabarían con gran parte del presupuesto policial.

 

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