Quim Torra, presidente de la Generalidad catalana, se ha enfrentado este lunes a juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Torra está acusado de desobedecer la orden mandada por la Junta Electoral de retirar los lazos amarillos y la pancarta que pedía libertad a los políticos presos en los edificios públicos durante la campaña electoral para el 28 de abril.
Este juicio puede acarrearle hasta dos años de inhabilitación y una multa de 30.000 euros, a pesar de que la defensa pida la nulidad. Torra, que ha llegado arropado por algunos de sus consejeros tanto de Junts per Cataluya (JxCat) como de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), además de los líderes de las entidades soberanistas, ha solicitado una concentración para apoyarle.
Sin embargo, Vox ha pedido, mediante la acusación popular, la pena superior a dos años de suspensión y una multa de 72.000 euros. Por su parte, Torra se ha negado a responder tanto a Vox como a la Fiscalía.
El presidente, que se ha defendido mediante el aviso de que recibió ‘una orden ilegal’ por parte de la Junta Electoral Central (JEC), ha reconocido que desobedeció porque ‘era imposible cumplir una orden ilegal, dictada por un órgano que no tenía competencia para dictarla’.
La fachada del Palco de la Generalitat ha sido el escenario elegido para la exposición de la pancarta a favor de los presos. ‘Era un acto de censura y no iba a permitirlo’ han sido las palabras usadas por Torra para rebatir la acusación.
El juicio a Torra ha despertado la atención de medios internacionales, que se ha retransmitido minuto a minuto en todos los principales periódicos.
Le président indépendantiste #catalan #QuimTorra jugé pour désobéissance https://t.co/GLGQUN7FaQ
— euronews en français (@euronewsfr) November 18, 2019
Las posibles consecuencias
Tras este juicio, se abren varios posibles escenarios relacionados con el futuro del presidente de la Generalidad. Puede quedar absuelto, puede ser declarado culpable y por lo tanto quedaría inhabilitado, aunque podría recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo.
Si la decisión final es la inhabilitación, Pere Aragonès sería el seleccionado para ser el jefe del Ejecutivo de forma interina, y en 10 días debería celebrarse un pleno de investidura, que en caso de no salir adelante pondría en marcha un cronómetro de dos meses para que haya elecciones autonómicas anticipadas.