La Comunidad de Madrid ha confirmado la suspensión temporal de licencias para la apertura de nuevas casas de apuestas. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este martes en rueda de prensa que dicha suspensión se mantendrá hasta que se elabore el nuevo decreto de planificación de la actividad.
Estos locales, frecuentados por gente joven, están situados, especialmente, en las zonas más desfavorecidas de la capital. Desde ahora, no se podrán implantar nuevos establecimientos hasta la aprobación del decreto en el que está trabajando actualmente el Ejecutivo regional.
Esta decisión, tomada por la gravedad de la salud pública a causa de la abundancia de casos de ludopatía existentes en la actualidad, se ha adoptado con la finalidad de defender el interés general y proteger los derechos de los usuarios y consumidores, además de los colectivos y asociaciones.
Las licencias, que se conceden gracias a la acción de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), existen desde 2012 y solo los que la posean junto con el sello pueden abrir un local destinado a este fin.
La DGOJ puede ofrecer licencias generales, que sirven para habilitar juegos de apuestas, concursos y juegos on line y tiene una duración de 10 años, o singulares. Estas últimas, habilitan a un operador a ofertar cada uno de los tipos de juegos regulados, con una duración de uno a cinco años.
Para poder obtener estas licencias, son necesarios una serie de requisitos organizados en jurídicos, económicos y técnicos, además de un capital social de, al menos, 100.000 euros.
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Madrid cuenta, actualmente, con 678 establecimientos (470 son salones de juego, 33 bingos, 4 casinos y 171 locales de apuestas exclusivamente) que están presentes desde 2014 y su número ha crecido un 125%, según los datos oficiales del Gobierno.
Las casas de apuestas favoritas para los jugadores son 888sport, Betfair, Paf (que parte de sus beneficios los destina a fines sociales) y Betway, gracias a la seguridad que transmiten en cuanto a la protección de datos de los usuarios.
Además de todos los controles para evitar el acceso a menores de edad a través de la identificación personal, se han impuesto en los últimos años nuevas medidas. Estas están basadas en la retención del 0,7% de lo recaudado. El porcentaje, 1,2 millones de euros anuales, aproximadamente, según los datos del Gobierno regional, se destina a políticas de tratamiento y prevención de la ludopatía.
La decisión fue complementada con lo aprobado el pasado mes de mayo, basado en la fijación de una distancia mínima de 100 metros entre los salones de juego y los centros educativos de enseñanza no universitaria.