Las claves del juicio por la caja B del Partido Popular

El juez deberá discernir si el partido financió las obras de la de la sede central con dinero obtenido de este tipo de contabilidad

Sede del Partido Popular en la calle Génova en Madrid.

La Audiencia Nacional ha comenzado el juicio sobre la remodelación de la sede central del Partido Popular, en Génova 13 (Madrid), en el que esclarecerán si el partido financió la obra con dinero de la caja B, que, presuntamente, se llenaba con donaciones de empresarios que deseaban beneficios o contratos más lucrativos concedidos por la formación. El elemento más importante de la sesión será la declaración del extesorero del PP Luis Bárcenas, quien recientemente acusó a la antigua dirección de su partido de ser «perfecta conocedora» de las irregularidades financieras.

El juez José Antonio Moral deberá aclarar si Luis Bárcenas pagó con dinero negro las reformas en la sede del partido. Este dinero provendría de empresarios que habrían realizado donaciones a cambio de acuerdos privilegiados en la concesión de obras públicas, y que el Partido Popular no habría declarado.

El juicio ha comenzado con la acusación por parte del abogado del extesorero, Gustavo Galán, contra el PP de haber robado todos los documentos y pruebas que demostrarían las irregularidades en las cuentas y el conocimiento de las personas implicadas de estos hechos. Estos estarían en el marco de la Operación Kitchen, en la que el último Gobierno del Partido Popular habría orquestado un robo en el despacho de Bárcenas para hurtarle toda la información comprometedora. Presuntamente, estos hechos se habrían controlado desde el Ministerio del Interior. Esto supondría que la defensa no podría presentar los documentos con los que el extesorero amenazaba con demostrar la culpabilidad de la cúpula de partido.

Mariano Rajoy es uno de los personajes mencionados en la acusación hecha por Bárcenas, quien le acusa de ser conocedor de la presunta financiación ilegal del partido. Foto: Marta Jara.

La defensa ha solicitado que, en caso de haber discrepancias entre las declaraciones del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, uno de los llamados a declarar por su implicación en los hechos, se ordenara un careo con el extesorero, a través del cual se pretendería aclarar estas versiones para especificar cuál es la real. Este se ordenaría si es solicitado de nuevo tras la declaración del expresidente.

Aunque acudirán como testigos, los expresidentes Aznar y Rajoy no se sentaran en el banquillo, al no formar parte de los acusados. Luis Bárcenas, Cristóbal Páez (antiguo gerente del partido), Gonzalo Urquijo, Laura Montero y Belén García (miembros de Unifica, encargados de la reforma) son quienes se enfrentan a los delitos de los que les acusa la Fiscalía y la Abogacía del Estado: organización criminal, falsedad contable y blanqueo de capitales, entre otros. El abogado de Páez ha solicitado la suspensión del juicio hasta la próxima semana, cuando su cliente habría superado los síntomas de coronavirus que, supuestamente, padece.

Bárcenas se enfrenta a cinco años más de cárcel. Actualmente, cumple condena de 29 años, fruto de la sentencia condenatoria por la trama Gürtel, por lo que el cómputo total ascendería a 34 años. El extesorero se ha ofrecido a colaborar con la Justicia, aunque su abogado reiteraba en una entrevista en ‘Más de uno’ que no lo hacía con la esperanza de recibir una condena menor. De ahí el escrito remitido la semana pasada a la Fiscalía Anticorrupción y que fue filtrado a la prensa.