La Comisión Europea avala las medidas del Gobierno contra la desinformación

El organismo europeo no ve que la orden ministerial tenga una base jurídica que decida el contenido de la información. La oposición y la APM mostraron su desacuerdo con esta medida tras el anuncio de su aprobación en noviembre de 2020

FUENTE: Parlamento Europeo.

La Comisión Europea ha avalado la decisión del Gobierno de formar una comisión contra la desinformación, en el marco de lo establecido en el plan de acción de la UE. La medida, aprobada en noviembre, recibió numerosas críticas por la oposición.

La Comisión respondió a la pregunta de la eurodiputada de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundúa, sobre si había analizado que el comité propuesto formaba parte de la Secretaría de Estado de Comunicación, organismo que depende del Ministerio de la Presidencia, y sobre el contenido del BOE donde señalaba que había que examinar la libertad y el pluralismo de los medios.

Según el comunicado, el Gobierno consigue actualizar el sistema español para “prevenir, detectar y responder” los bulos y establecer un plan de coordinación. “La Comisión entiende que la orden ministerial no constituye una base jurídica para decidir sobre el contenido de la información facilitada por los medios de comunicación”, aseguró.

El órgano argumentó que el comité permanente tiene la finalidad de supervisar y evaluar campañas, lo que implica, una investigación para determinar si el Consejo de Seguridad Nacional debe adoptar una respuesta política. La propuesta se hace de forma conjunta con el plan de la Unión Europea de2018, en el que pidieron, a todos los estados que concentraran sus esfuerzos en combatir la desinformación.

«La democracia en la Unión Europea depende de la existencia de medios de comunicación libres e independientes», afirmó la Comisión.

Una encuesta que realizó el Eurobarómetro, también en el mismo año, en los 27 países que forman parte de la UE, expuso que el 83% de los europeos piensa que las noticias falsan son un problema para la democracia, lo que ha creado un gran reto para todos: “Nuestras sociedades democráticas abiertas dependen de debates públicos que permiten que los ciudadanos bien informados expresen su voluntad mediante procesos políticos libres y justos”.

En la publicación, las autoridades señalan el papel fundamental de los medios de comunicación para la transparencia de los altos cargos y que los ciudadanos puedan crear sus opiniones y participar en la sociedad. “La democracia en la Unión Europea depende de la existencia de medios de comunicación libres e independientes”, afirman. Por ello, la Comisión alertó que el peligro del aumento de la desinformación puede tener consecuencias en la política, la economía y la tecnología.

El descontento por la medida
El anuncio de la orden ministerial, en noviembre de 2020, levantó críticas por parte de la oposición. Entre los aspectos, destacaban las líneas estratégicas que iba a seguir el Gobierno, como el refuerzo de la libertad de expresión y el debate democrático «examinando la libertad y pluralismo de los medios de comunicación».

El líder de la oposición, Pablo Casado, rechazó la medida de Sánchez porque afirmaba que su Ejecutivo iba a vigilar y perseguir lo que ellos estimaran que fuera desinformación. «Atacaban a la prensa crítica, señalaban periodistas y ahora crean un orwelliano Ministerio de la Verdad», expresó en sus redes sociales.

Vox presentó un recurso en el Tribunal Supremo para la suspensión cautelar de la medida aprobada en el Consejo de Seguridad Nacional. El grupo parlamentario sostuvo que hay herramientas suficientes para verificar la información que está en Internet, como el derecho de rectificación o las penas por injurias. Ciudadanos, que realizó la pregunta al organismo europeo, también siguió la misma línea. Inés Arrimadas aseguró que actuaban «en defensa de la libertad y de nuestro estado de derecho».

La Asociación de Prensa de Madrid (APM) también decidió pronunciarse. La institución ratificó su apoyo a toda medida que lidiara con la proliferación de los bulos. Sin embargo, el procedimiento que había anunciado el Gabinete de Sánchez no era la esperada, al no ser independiente del poder, y supone un riesgo para la creación de la censura. «La mejor ley de prensa es la que no existe. La excesiva regulación supone una merma de libertad, por lo que abogamos por la autorregulación», afirmó la APM.