El Supremo rechaza investigar la gestión de la pandemia

El Alto Tribunal no considera que esta sea su función e insta al juzgado decano de los juzgados de Madrid para que sea el que lleve

El Tribunal Supremo rechaza admitir a trámite las denuncias contra el Gobierno y pide a los juzgados de Madrid que se encarguen del caso. Foto: Concepción Amat.

El Tribunal Supremo ha rechazado la admisión de las 50 causas presentadas contra el Gobierno, pero ve indicios para investigar la gestión de la pandemia. Los magistrados consideran que las 20 querellas y las 30 denuncias no pueden aducirse al Ejecutivo al no estar debidamente justificada la autoría de los hechos punibles contra ninguno de los miembros que lo componen.

El Alto Tribunal rechaza admitir a trámite estas reclamaciones debido a que estiman que los hechos investigados no son de su competencia. Por ello, los magistrados de la Sala II del Supremo han remitido estas denuncias y querellas a los tribunales ordinarios, más exactamente al juzgado decano de los juzgados de Madrid, que será el encargado de dilucidar si pudo incurrirse en una malversación de fondos públicos en la compra de material sanitario, la responsabilidad en la gestión de las residencias de ancianos, la presunta omisión de medidas de protección para sanitarios y fuerzas de seguridad del Estado, son acusables a las decisiones del Gobierno. La investigación también tratará de resolver el grado de responsabilidad del Ejecutivo con respecto al permiso de manifestaciones y otros actos multitudinarios en todo el territorio nacional durante las primeras semanas del mes de marzo, por el que, desde varias asociaciones, se denunció al delegado del Gobierno en Madrid, Tomás Franco. Esta decisión es contraria a la que expuso la Fiscalía hace unas semanas, cuando defendió que la causa debía ser archivada.

“Solo nos corresponde examinar la posible existencia de responsabilidad criminal y determinar si las personas aforadas podrían haber incurrido en algún delito”, aclara el Supremo. 

Las acusaciones fueron presentadas contra miembros del Gobierno y contra altos cargos de Sanidad por sus decisiones en los meses de marzo, abril y mayo, en los que en España fallecieron más de 45.000 personas, según indican los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Entre estos cargos públicos, se encuentran el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón. Las denuncias y querellas se presentaron desde varias asociaciones de sanitarios, asociaciones de las fuerzas de seguridad del Estado, familiares de fallecidos o asociaciones de afectados por el coronavirus. El partido político Vox también presentó denuncias contra la gestión de la pandemia.

La sala presidida por Manuel Marchena ha emitido un comunicado en el que explica las razones por las que el Supremo no será el encargado de llevar a cabo esta investigación: “Solo nos corresponde examinar la posible existencia de responsabilidad criminal y determinar si las querellas formuladas contienen elementos suficientes para concluir, al menos indiciariamente, que las personas aforadas podrían haber incurrido en alguna conducta tipificada en la ley como delito”. Desde la Alta Justicia reclaman que no es su encargo dilucidar ciertos hechos, sino aclarar la responsabilidad de aquellas personas aforadas en estos.

No es cierto que esta inadmisión realizada por el Supremo signifique la inocencia de los gobiernos nacionales y autonómicos. El auto del Supremo concluye que, por el momento, esos hechos no pueden ser juzgados por ese tribunal al no ser su competencia, pero que, en caso de que el Juzgado de Madrid lo determine, procederá a investigar a los cargos cuya culpabilidad quede demostrada.

El delito de homicidio, el más achacado al Gobierno central
El auto del Supremo indica cómo el Gobierno ha sido acusado en varias ocasiones de haber provocado la muerte de varios ciudadanos, por lo que habría incurrido en un delito de homicidio. Sin embargo, desde la sala presidida por Manuel Marchena indican que para probar estas palabras tendría que demostrarse cómo cada una de las decisiones del Ejecutivo habrían estado relacionadas con estas muertes, resultando en un principio de causalidad. De todos modos, el auto aclara que la medicina actual no permite afirmar esa relación: “En otras palabras, habría que demostrar que si no se hubiera ocultado información o se hubiera anticipado la decisión política del confinamiento, se habrían impedido los daños”.